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Procuraduría genera ahorro de más de G. 1,3 billones

El Procurador General de la República, Sergio Coscia, destacó que nuestro país se encuentra próximo a cerrar el año con un ahorro obtenido a favor del Estado superior a los G. 1,3 billones, por casos de cobro de pólizas, demandas ganadas y otros actos para protección del patrimonio estatal.

Sergio Coscia, procurador de la Nación. Foto: Presidencia.

Coscia detalló que tras una auditoría interna se llegó a la suma de G. 1.350.000.000.000 en concepto de ahorro para el Estado, incluyendo bienes recuperados y fallos a favor.

Mencionó que, a inicios de esta gestión, la Procuraduría General de la República (PGR) recuperó más de G. 200 millones en perjuicio contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y subrayó que a eso siguieron numerosas demandas y cobro de pólizas por obras no ejecutadas para ministerios como los de Obras Públicas (MOPC), de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), de Educación y Ciencias (MEC), entre otros.

“Batimos todos los récords históricos que venía teniendo la Procuraduría”, expresó Coscia, a la vez de subrayar que igualmente, se han obtenido importantes resultados en el combate al crimen organizado.

Señaló que por primera vez se cuentan con inmuebles decomisados a favor del Estado. En total, nueve ya fueron inscriptos y otros 6 están en proceso de inscripción, indicó.

Este trabajo es valorado por autoridades de la región, como sucedió en la última reunión de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado (Alap).

El titular de la Procuraduría refirió que, además, de haber sido electo como presidente del organismo, el Paraguay fue citado como ejemplo en el combate al crimen organizado por sus pares, e incluso se recibió solicitud de cooperación.

Finalmente resaltó que el gran hito histórico para el Paraguay llegó con el fallo a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la demanda presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí por presuntas torturas.

Coscia destacó que con esta medida el Estado paraguayo no solo evita el pago de G. 123 millones, como era solicitado, sino que también sienta la base de que ambos no eran perseguidos políticos y la causa abierta en su contra por secuestro no es una cuestión violatoria de los Derechos Humanos, informó la Agencia IP.