La fiscala Belina Bobadilla, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, dio un paso firme en la investigación del caso conocido como “nepobabies”. Este término se refiere a familiares de altos funcionarios, incluyendo senadores, diputados y el vicepresidente Pedro Alliana, que fueron contratados como empleados del Poder Legislativo, un acto que ahora se encuentra bajo el escrutinio de la Justicia.
Bobadilla, quien suple a su colega Natalia Fúster en esta especialidad, envió múltiples oficios al Congreso Nacional buscando profundizar en la investigación. Su objetivo es obtener informes detallados y copias certificadas de documentos relacionados con estos funcionarios, centrando su atención en los aspectos de su contratación y desempeño laboral.
Las solicitudes de la Fiscalía incluyen documentos como formularios de permisos por comisión de servicios, permisos por enfermedad y asuntos personales, así como los registros de presentación de dichos documentos.
Entre los primeros en ser investigados está Alejandro De Jesús Ovelar Ayala, hijo del senador y presidente del Congreso Silvio Adalberto Ovelar Benítez, cuyo caso de presunto nepotismo desencadenó el escándalo.
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La Fiscalía también pidió copias certificadas de los legajos completos, informes sobre el lugar de trabajo, el cargo asignado, las funciones desempeñadas, el horario laboral y las resoluciones o actos administrativos relacionados con su nombramiento. Este pedido se extiende a Monserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente Pedro Alliana; Silvana Jazmín Busto Adorno y Liliana Raquel Busto Fretes, relacionadas con el diputado José Domingo Adorno Mazacotte; así como a Silvia Noemí Aguilera, Johana Denisse y Danna Maricela Giménez Rotela, vinculadas al diputado Cleto Giménez.
La investigación no se limita a estos casos. La fiscala Bobadilla también requirió información sobre Vidala Hastanasilda Franco Medina, esposa del senador Édgar López, y Yanina Monserrath Maidana Figueredo, hija del senador Derlis Maidana. En estos casos, se pidió específicamente información sobre remuneraciones, pagos y extractos mensuales desde el momento de su incorporación al Congreso hasta la actualidad.
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Además, se solicitó el registro de asistencia diaria de los mencionados funcionarios, junto con una copia certificada de la reglamentación interna sobre permisos y comisiones de funcionarios. Todo esto forma parte de un esfuerzo meticuloso por comprender y analizar la magnitud y las implicaciones de esta situación.
El diputado Rubén Rubín (Partido Hagamos) confirmó que los legisladores deben solicitar formalmente la designación de funcionarios bajo su cargo, lo que podría servir como prueba documental de nepotismo. Rubín propuso que se pidan renuncias a los parientes involucrados y anunció su intención de presentar una modificación a la Ley contra el nepotismo para cerrar las “lagunas” existentes.
Fuente: ABC.
