Abogada advierte que reforma penal impulsada por sectores provida beneficiaría a abusadores

La abogada Alejandra Peralta advirtió que una reforma del Código Penal, impulsada por sectores provida, podría terminar beneficiando a personas condenadas por abuso sexual. La propuesta surgió tras una movilización de federaciones de padres en la Plaza de la Democracia, en Asunción, donde los manifestantes exigieron penas de cárcel para quienes difundan la denominada ideología de género entre menores de edad. Sin embargo, según la jurista, el proyecto desconoce modificaciones recientes de la legislación paraguaya y podría representar un retroceso en la protección de niños y adolescentes.

En declaraciones a Monumental 1080 AM, Peralta explicó que, aunque los impulsores de la iniciativa aseguran que buscan endurecer las penas, el texto plantea sanciones inferiores a las que establece la legislación actual. El problema, señaló, es que los redactores utilizaron como referencia una normativa que ya fue derogada.

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“Al presentar un proyecto que busca, según ellos, aumentar penas en caso de abuso sexual, lo hacen modificando la ley 6002/2017, y en realidad lo que hacen es dejar penas más bajas de las que tenemos actualmente vigentes”, explicó la abogada.

🔴 Proyecto de ley podría dejar en libertad a condenados por abuso infantil, refiere abogada

👉🏼 Alejandra Peralta explicó que el proyecto de ley presentado ayer con el supuesto objetivo de aumentar penas por abuso sexual en niños en realidad establece sanciones más bajas de las que rigen actualmente.

👉🏼 Detalló que la iniciativa plantea modificar la Ley 6002 del 2017, omitiendo que la Ley 7394 aprobada en 2024 ya aumentó las penas a un rango de 5 a 18 años de cárcel. Al proponer penas de 4 a 15 años, la nueva propuesta permitiría que personas ya condenadas por abuso soliciten la revisión de su condena y queden en libertad.

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— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 22, 2026

Peralta recordó que la Ley 6002/2017 fue reemplazada por la Ley 7394/2024, que aumentó las penas por abuso sexual, incorporó agravantes y sumó nuevas conductas punibles. A su criterio, intentar modificar disposiciones que ya no están vigentes demuestra un desconocimiento de la normativa actual y pone en riesgo los avances logrados en materia de protección de menores.

Reforma del Código Penal podría favorecer a condenados por abuso sexual

Uno de los aspectos que más preocupa a Peralta es la escala de penas incluida en el proyecto, que establece castigos de entre 4 y 15 años de prisión. Según explicó, si la reforma se aprueba en esos términos, personas condenadas por abuso sexual podrían solicitar una revisión de sus sentencias para acceder a penas menores e incluso recuperar su libertad.

La abogada fue especialmente crítica con la elaboración del documento presentado ante el Congreso Nacional. Consideró que sus errores no son menores y cuestionó la falta de conocimiento jurídico de quienes participaron en su redacción.

“Se nota que el proyecto fue elaborado por gente que no leyó la normativa. No encuentro un calificativo para este proyecto. No, nunca vi algo tan realmente tan grosero, tan dañino”, afirmó durante la entrevista con Monumental.

La iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con el abuso sexual infantil y el uso de medios tecnológicos. Entre sus disposiciones figura un apartado denominado “Abuso bajo otras formas”, que propone penas de 4 a 10 años de cárcel para adultos que elaboren, distribuyan o difundan contenidos relacionados con la sexualidad y la identidad de género dirigidos a menores.

Las federaciones de padres que respaldan la propuesta sostienen que estas medidas buscan proteger a sus hijos de contenidos que consideran perjudiciales. No obstante, Peralta advirtió que la redacción del artículo podría tener consecuencias mucho más amplias de las que plantean sus promotores.

Advierten sobre interpretaciones subjetivas y posibles abusos

Para la abogada, uno de los principales riesgos del proyecto es que permitiría criminalizar materiales educativos y contenidos relacionados con la diversidad sexual y de género. En su opinión, una disposición redactada en esos términos podría desatar una “cacería de brujas” en instituciones educativas y otros espacios.

Peralta también cuestionó la falta de criterios claros para determinar qué conductas serían consideradas delitos. Explicó que esa ambigüedad dejaría demasiado margen a la interpretación de los jueces, con el riesgo de que se impongan sanciones a partir de valoraciones subjetivas.

Otro punto que puso en duda es la posibilidad de medir el supuesto daño psicológico que determinados contenidos podrían causar en niños y adolescentes. Según sostuvo, el proyecto no establece parámetros objetivos que permitan evaluar ese impacto.

“La percepción es algo subjetivo, absolutamente subjetivo e imposible de establecer parámetros de medición que puede percibir un niño o una niña”, expresó.

La propuesta, presentada ante el Congreso Nacional, abrió así un debate que va más allá de los reclamos de las organizaciones de padres. Mientras sus impulsores defienden la necesidad de establecer nuevas sanciones, Peralta advierte que los errores de redacción y las contradicciones con la legislación vigente podrían terminar debilitando la protección que el propio proyecto dice buscar.

Fuente: Última Hora