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Retiran tragamonedas ilegales de locales

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) procedió al retiro de tragamonedas ilegales e inició acciones penales contra sus propietarios.

Conajzar procedió al retiro de tragamonedas clandestinos y presenta denuncia penal contra propietarios. Foto: Archivo ÚH

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) ha lanzado una serie de operativos para combatir la proliferación de tragamonedas clandestinos en el país. Estas acciones incluyen la retirada de máquinas ilegales y la presentación de denuncias penales contra sus propietarios. La regulación y fiscalización de las tragamonedas es una preocupación constante para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a los ciudadanos, especialmente a los menores de edad.

Conajzar ha anunciado una intensificación en los operativos dirigidos a retirar las máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina en locales no autorizados. Además, se ha presentado una denuncia penal contra los propietarios de estas máquinas, en un esfuerzo por aplicar las sanciones correspondientes y hacer cumplir la ley.

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La legislación vigente establece que las máquinas tragamonedas deben operar exclusivamente en lugares cerrados y con restricciones de acceso para menores de edad. Los locales que ofrecen estos servicios deben cumplir con el pago de un canon, cuyos fondos se destinan a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Carlos Liseras, titular de Conajzar, ha subrayado la importancia de proteger a los menores de edad de la exposición a las máquinas tragamonedas, ya que el uso indebido de estos dispositivos puede tener graves consecuencias psicológicas. Los menores que se involucran en juegos de azar clandestinos pueden desarrollar comportamientos de juego compulsivo, lo que conduce a problemas de ludopatía y afecta negativamente su salud mental.

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Liseras expresó su preocupación por el impacto social y económico de la explotación ilegal de las tragamonedas. Aquellos individuos o empresas que operan fuera de la ley y evaden el pago del canon contribuyen al perjuicio de los municipios y de los sectores más vulnerables del país.

Fuente: Última Hora.