Empresa vinculada a Paula Carro, vocera del Gobierno, busca proveer viviendas en programa “Che Róga Porã”

La empresa Vial Sur, que cuenta entre sus directivos a Carlos Muñoz Armas, pareja de la actual ministra vocera del Gobierno, Paula Carro, ha sido incluida en la lista de desarrolladoras inmobiliarias habilitadas para operar dentro del programa “Che Róga Porã”. Este proyecto, considerado emblema del presidente Santiago Peña, tiene como objetivo la construcción de viviendas destinadas a familias de clase media y se ejecutará a través del Ministerio de Urbanización, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El proceso de selección de las empresas participantes implica la presentación de proyectos al MUVH, que se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. Una vez aprobados, los proyectos inmobiliarios son publicados en un sitio web dedicado para que los interesados puedan elegir según su conveniencia. Entre las 117 empresas habilitadas figura Vial Sur, que se dedica al rubro de la construcción y ha ganado licitaciones públicas en el pasado.

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Ante los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses, Paula Carro ha declarado que no existe tal situación, argumentando que no es directiva de la empresa y que Vial Sur fue habilitada por el MUVH en diciembre de 2023, antes de que ella asumiera su cargo como vocera en enero de 2024. Por su parte, el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, ha señalado que no pueden impedir la participación de empresas en el programa, a pesar de los antecedentes negativos de algunas de ellas en contratos con el Estado.

Paralelamente, se ha revelado que Paula Carro aparecía como accionista de la empresa Armstrong EAS, dedicada al rubro de las “asesorías” y creada apenas siete días después de la asunción del presidente Santiago Peña. La firma ofrecía servicios de “Comunicación de Gobierno” y contaba con la participación del actual asesor de comunicaciones de la Presidencia, Augusto Dos Santos.

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Carro ha afirmado que ya no es accionista de Armstrong EAS, indicando que inició los trámites de transferencia de sus acciones en coincidencia con su designación como vocera. Sin embargo, llama la atención que el anuncio de su nombramiento ocurrió en enero, mientras que la finalización del trámite en la Contraloría se dio alrededor del 20 de marzo. La vocera ha explicado que se trataba de un proceso paralelo al perfeccionamiento de su contratación.

Fuente: ABC