Ley anti-nepotismo de Peña excluye al Congreso

El proyecto de ley de servicio civil impulsado por el presidente Santiago Peña, diseñado para combatir el nepotismo y profesionalizar la función pública, ha generado controversia por excluir al Congreso y a otras instituciones claves. A pesar de ser una respuesta a la presión social por casos de “nepobabies” y otras prácticas de clientelismo, la norma deja fuera a decenas de entidades, debilitando su alcance.

El proyecto, que se encuentra en estudio en el Senado y será debatido en noviembre, no regula al Poder Legislativo, donde se han registrado algunos de los casos más resonantes de nepotismo. También quedan fuera del alcance del proyecto el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Fiscalía General, y las municipalidades, entre otras.

La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía explicó que Ley del Servicio Civil en estudio en el Senado busca resolver los problemas que se tuvo con la aplicación de la ley 1626 que sufrió varias acciones de inconstitucionalidad.

Dijo que la normativa en la… pic.twitter.com/NOlgUg3VtW

— Agenda Paraguay (@agparaguay) October 31, 2024

En sus primeros meses al frente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez ha firmado más de 400 contratos. Estos movimientos no estarán sujetos a la normativa propuesta por Peña, permitiendo que el Congreso continúe con sus propias regulaciones. Esto ha suscitado críticas hacia el Partido Colorado, acusado de perpetuar el prebendarismo como un mecanismo de control político.

La omisión del Legislativo en la ley genera dudas sobre el compromiso real con la ética en la función pública. Peña, al defender su iniciativa, señaló la necesidad de una regulación clara, aunque no abordó la raíz del problema dentro de su propio partido, donde el clientelismo se ha normalizado como una herramienta para asegurar lealtades y puestos.

El proyecto establece la prohibición de contratar parientes hasta el cuarto grado, pero deja abierta la posibilidad de excepciones si se justifica la experiencia. Además, permite que cada autoridad cuente con hasta tres asesores y garantiza la estabilidad laboral tras dos años de servicio.

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Las críticas de la oposición se centran en la falta de inclusión del Congreso y la posibilidad de aplicar criterios subjetivos. Algunos sectores reclaman un debate más profundo para incluir a todas las ramas del Estado y evitar que la ley sea una medida parcial.

El debate ha generado fricciones, especialmente en un contexto donde otras solicitudes, como el retorno de privilegios de cupos de combustibles y seguros médicos, siguen en discusión. Estas demandas surgen en un escenario de carencias en sectores prioritarios como salud y educación, aumentando la brecha entre las necesidades de la población y los beneficios legislativos.

Fuente: La Política Online