El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reitera que las instituciones privadas y subvencionadas no pueden negar exámenes ni retener documentos a los estudiantes por mora en cuotas. La Ley N° 5.738 establece sanciones para los colegios que impidan actividades académicas esenciales a los alumnos por razones de atraso en pagos, garantizando el derecho a la educación de los niños y adolescentes.
La directora general de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC, Sonia Escauriza, enfatizó que las instituciones educativas que incumplan con esta normativa se enfrentan a sumarios administrativos y posibles sanciones pecuniarias. “Los colegios privados están sujetos a multas por incumplimientos o reincidencias en estas prohibiciones,” afirmó Escauriza.
Las instituciones que incurran en estas prácticas están expuestas a multas variables, determinadas según el grado de incumplimiento. Los montos oscilan entre 5 y 50 salarios mínimos y aumentan en casos de reincidencia.
La normativa prevé sanciones de:
- Entre 5 y 15 salarios mínimos por la comisión de una infracción.
- Entre 16 y 30 salarios mínimos por incurrir en dos infracciones.
- Entre 31 y 40 salarios mínimos si se cometen todas las infracciones contempladas en la ley.
- Entre 41 y 50 salarios mínimos en casos de reincidencia en cualquiera de las infracciones.
Estas prohibiciones incluyen impedir la participación en exámenes, retener libretas de calificaciones o cualquier documento académico, y exponer el estado de cuenta de las cuotas de forma pública, así como cualquier acción que limite el acceso de los estudiantes a la educación.
El MEC ya ha aplicado sanciones a instituciones que han transgredido esta normativa, como en un caso reciente en el que un alumno fue excluido del acto de graduación por motivos económicos. Escauriza subraya que los colegios deben priorizar el derecho a la educación y evitar prácticas que afecten la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
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Para los afectados por estas prácticas, el MEC habilita el número telefónico 021-425-707 para realizar denuncias. Alternativamente, pueden dirigirse a la supervisión educativa correspondiente a su comunidad para reportar irregularidades.
Escauriza recordó la importancia de denunciar para que se puedan aplicar las sanciones correspondientes y hacer cumplir la normativa que protege el derecho de los estudiantes a la educación, sin ser afectados por situaciones financieras de sus familias.
Fuente: ABC Color
