Débil respuesta judicial ante casos emblemáticos de corrupción

Un informe presentado por las organizaciones civiles Somos Anticorrupción Py y la Coordinadora de Abogados del Paraguay revela un panorama preocupante sobre el manejo judicial de casos de corrupción. Según el documento, el Poder Judicial y el Ministerio Público carecen de las herramientas tecnológicas y estructurales necesarias para abordar grandes delitos económicos, lo que refleja un evidente desinterés en la lucha contra la corrupción.

El informe destaca que, durante el 2024, solo se lograron 10 condenas en casos de corrupción, mientras que existen aproximadamente 120 expedientes emblemáticos aún sin resolver. Entre los condenados figuran nombres como Justo Pastor Cárdenas y Hugo Javier González. Sin embargo, estas cifras contrastan con la magnitud del problema y generan dudas sobre la capacidad institucional para combatir estos crímenes.

Para ilustrar la situación, el informe recurre a la teoría de las “ventanas rotas”. Según esta teoría, dejar un caso de corrupción impune equivale a una “ventana rota legal” que transmite un mensaje de deterioro en el sistema judicial. Las organizaciones advierten que la falta de acción refuerza la percepción de ausencia de normas y promueve la repetición de delitos.

En relación al Ministerio Público, el informe detalla una preocupante falta de soluciones tecnológicas. La ausencia de herramientas para gestionar grandes volúmenes de datos, realizar análisis financieros y procesar casos complejos dificulta el trabajo de investigación. Asimismo, se resalta la necesidad de fortalecer capacidades en áreas como contabilidad forense y ciberseguridad, fundamentales para desentrañar delitos económicos sofisticados.

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La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) también enfrenta críticas por la falta de mecanismos eficientes para el seguimiento de denuncias. Además, la dependencia de peritos externos sin especialización en corrupción genera retrasos y limita la profundidad de las investigaciones.

El informe concluye que la transparencia y la comunicación sobre el estado de las investigaciones son insuficientes.

Fuente: Última Hora