Acusado por violencia contra senadora irá a casa de diputado

Un controversial giro judicial marca el caso de violencia familiar denunciado por la senadora colorada Zenaida Delgado, después de que su pareja, Gustavo Vera, obtuviera el beneficio del arresto domiciliario que cumplirá en la residencia de un diputado en Asunción.

Los hechos se remontan a la semana pasada, cuando la legisladora denunció a Vera por presunta agresión durante una discusión en las cercanías de una estación de servicio en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. El incidente derivó en la detención inicial del acusado en una dependencia policial de San Pedro.

Disponen arresto domiciliario para la pareja de senadora

Zenaida Delgado había denunciado a Gustavo Vera Santander por violencia familiar, por lo cual se halla imputado.

♦️ Estaba recluido desde la semana pasada en la cárcel de San Pedro.

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— NPY Oficial (@npyoficial) January 24, 2025

Tras diez días de negociaciones entre las partes, la justicia resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva por el arresto domiciliario. La decisión fue tomada durante una audiencia de revisión de medidas, donde llamativamente participó como testigo un diputado colorado del departamento de San Pedro.

En una inusual disposición, el arresto domiciliario no se cumplirá en Tacuatí, lugar de residencia habitual del imputado, sino en Asunción. Esta ubicación habría sido una condición establecida por la propia senadora Delgado, quien expresó su preferencia por la capital como lugar de reclusión.

El caso ha generado especial atención en el ámbito político, particularmente después de que trascendiera que la senadora habría solicitado la desvinculación de varios colaboradores de su despacho en el Senado, incluyendo a familiares de Vera.

La decisión judicial y las circunstancias que rodean el caso han levantado interrogantes sobre la influencia de las conexiones políticas en el sistema judicial paraguayo, especialmente considerando la participación de legisladores en el proceso.

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El caso continúa su curso legal mientras surgen cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia familiar que involucran a personas con conexiones políticas.

Fuente: Última Hora