CGR inicia control de bienes a magistrados y funcionarios
La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado un exhaustivo proceso de examen de correspondencia a jueces, fiscales y autoridades judiciales, con el objetivo de finalizar la evaluación en febrero. Este control se desarrolla en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, que ha facilitado el acceso a sus bases de datos para garantizar la transparencia del proceso.
El ministro de la Corte Suprema, Víctor Ríos, ha confirmado que la institución brinda total apertura a la Contraloría para realizar controles aleatorios, permitiendo el acceso irrestricto a documentación institucional. Los funcionarios de la CGR se han instalado en la sede de la Corte para llevar a cabo las verificaciones correspondientes.
La iniciativa surge tras el reciente escándalo de la “mafia de los pagarés”, un esquema de estafa donde abogados reutilizan pagarés cancelados para realizar cobros duplicados a través del sistema judicial. Esta situación ha llevado a la Corte a ordenar controles específicos sobre jueces de paz y funcionarios judiciales de la capital.
Leé más: La mafia de los pagarés: denuncias de estafas masivas
En caso de detectarse inconsistencias durante las verificaciones, la Contraloría tiene la facultad de derivar los casos al Ministerio Público para su investigación. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia coordinada entre el contralor Camilo Benítez y los ministros de la Corte para mejorar los procesos de evaluación.
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Las medidas adoptadas incluyen el control de la nómina de jueces de paz de la capital y sus funcionarios, así como la disposición de varios ujieres al Departamento de Personal. Adicionalmente, se ha implementado un sistema de control de marcación para todos los funcionarios de los juzgados de paz de Asunción.
La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos Económicos, investiga las denuncias relacionadas con la mafia de los pagarés, centrándose en los juzgados de paz de Catedral, San Roque y La Encarnación. Aunque algunos sectores consideran estas medidas insuficientes, argumentando que el esquema corrupto abarca más jurisdicciones, las autoridades mantienen el compromiso de profundizar los controles.
Fuente: Última Hora
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