Allanan vivienda de ujier en investigación de la “mafia de los pagarés”

La Fiscalía llevó a cabo  un allanamiento en el domicilio de una ujier del Juzgado de Paz de la Recoleta, en el marco de la investigación conocida como la “mafia de los pagarés”. El procedimiento, realizado en un edificio del barrio Villa Morra de Asunción, buscaba secuestrar expedientes judiciales que presuntamente estaban en el lugar.

La operación, liderada por los fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce, contó con la autorización del juez penal especializado en delitos económicos y anticorrupción, Humberto Otazú. Funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos y personal del Departamento de Falsificación de Documentos participaron del operativo, que terminó sin la localización de los expedientes señalados.

Mafia de los pagarés: Fiscalía allana casa de ujier

La Fiscalía allanó la vivienda de una ujier del Juzgado de Paz de la Recoleta, en el marco de la causa conocía como la “mafia de los pagarés”. El procedimiento se realizó en el barrio Villa Morra, de Asunción.

La agente… pic.twitter.com/vrgYa83iG1

— Radio Ñandutí (@nanduti) January 28, 2025

Según la fiscala Bobadilla, se tenía conocimiento de que en el domicilio de la ujier Ingrid Prette Goldenberg existían alrededor de 5.000 expedientes judiciales. Sin embargo, se constató que estos habían sido retirados días antes. En su lugar, fueron halladas notificaciones judiciales. Prette Goldenberg, quien es notificador del Juzgado de Paz a cargo del juez Gustavo Villalba, se encontraría actualmente fuera del país.

La causa conocida como la “mafia de los pagarés” ha sacado a la luz graves irregularidades en los juzgados de Paz de Asunción. Entre los hallazgos de la auditoría de la Corte Suprema de Justicia figuran casos de notificaciones imposibles, realizadas en distintas localidades a la misma hora, así como juicios ejecutivos con pagarés no autenticados.

Unite a nuestro canal de WhatsApp

La investigación también ha revelado que algunos demandados desconocían los procesos judiciales en su contra hasta que sus salarios eran embargados. Esto se atribuye a notificaciones fraudulentas y falta de fiscalización en los juzgados implicados.

Un grupo de víctimas ha solicitado a la Fiscalía ampliar la investigación a más jueces, ujieres y empresas involucradas en la promoción de denuncias falsas. Hasta ahora, los resultados de la auditoría y los procedimientos judiciales apuntan a un esquema de corrupción que afecta a múltiples sectores del sistema de justicia.

Fuente: Última Hora