La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) decidió suspender temporalmente la licitación N° 2/2025, ID 460049, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que tiene como objetivo la compra de uniformes escolares para 236.014 estudiantes. Esta decisión se tomó luego de recibir protestas de cuatro empresas que cuestionaron los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), los cuales fueron considerados desmedidos y excluyentes para la mayoría de las empresas paraguayas.
La resolución N° 269/25, emitida el 29 de enero por la DNCP y firmada por su titular Agustín Encina Pérez, ordenó la suspensión del proceso licitatorio y abrió una ventana para las protestas contra los requerimientos del PBC.
Tras cuestionamientos, disponen suspensión temporal de polémica licitación de uniformes escolares del MEC
Tras los fuertes cuestionamientos por la polémica licitación de uniformes escolares valorada en USD 6,6 millones, desde Contrataciones Pública dispusieron la suspensión… pic.twitter.com/Y0JE4algc0
— Radio Ñandutí (@nanduti) January 30, 2025
Las empresas protestantes apuntaron a que las exigencias solicitadas para la provisión de los uniformes eran “casi imposibles” de cumplir para muchas firmas locales, especialmente las mipymes, que quedaron excluidas por las condiciones establecidas.
La controversia gira en torno a los presupuestos estimativos que el MEC solicitó a empresas como Texcin Group, Grupo Basic y RyC Confecciones. El costo estimado por paquete de uniformes (que incluye dos remeras y una campera) variaba entre G. 220.000 y G. 254.000, dependiendo de la empresa. Texcin Group, que tiene como directivo a Andrés Gwynn, aliado cercano del presidente de la ANR, Horacio Cartes, fue uno de los principales oferentes, con un presupuesto más bajo en comparación con el planteado por Grupo Basic, cuya propuesta fue significativamente más alta.
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Además de las diferencias en los presupuestos, los cuestionamientos más fuertes surgieron por los requerimientos establecidos en el PBC. Entre los puntos más polémicos se destaca la exigencia de contar con un mínimo de 200 costureros registrados en el IPS, la capacidad para producir 10.000 prendas diarias y la necesidad de contar con maquinarias que cumplieran con estándares internacionales.
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A pesar de la gravedad de las protestas y las dudas planteadas, el ministro de Educación, Luis Ramírez, ha guardado silencio frente a las consultas sobre este proceso licitatorio. Mientras tanto, el presidente de la República, Santiago Peña, había anunciado que la entrega de los uniformes se realizaría en junio, priorizando a estudiantes de 22 distritos con altos niveles de pobreza.
Fuente: ABC Color
