La Contraloría General de la República (CGR) confirmó que la lujosa mansión de verano del presidente Santiago Peña, valuada en aproximadamente 2 millones de dólares, fue edificada en un terreno que no está registrado a su nombre. Según el contralor Camilo Benítez, el inmueble pertenece a Walter Ruiz Maciel, exdirector jurídico de la Sindicatura General de Quiebras y vinculado a figuras investigadas por lavado de dinero.
De acuerdo con los registros públicos, Ruiz Maciel adquirió la finca N° 12.598 en Ciervo Cuá, San Bernardino, con una extensión de 14 hectáreas, por un monto de G. 500 millones. Sin embargo, en su declaración jurada, el presidente Peña declaró haber comprado en 2023 solo media hectárea de ese predio por G. 1.450 millones, un valor significativamente mayor al precio original por hectárea.
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El contralor Benítez destacó que, en los registros oficiales, el inmueble aún no fue transferido al mandatario. No obstante, subrayó que Peña admitió públicamente que la propiedad le pertenece, lo que, a su criterio, alejaría sospechas de un caso de corrupción. Sin embargo, el informe de la CGR no aborda detalles sobre la construcción de la mansión ni su financiamiento.
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Otro punto que genera dudas es la diferencia entre los valores de compra y venta del terreno. Mientras que Ruiz Maciel adquirió la propiedad por G. 35 millones por hectárea, meses después la vendió a Peña por un equivalente a G. 2.900 millones por hectárea. A la fecha, tampoco se ha esclarecido el origen de los fondos utilizados para la edificación de la residencia presidencial.
En cuanto a Walter Ruiz Maciel, en los registros de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no figura como sujeto obligado. A pesar de haber recibido un pago millonario por la venta de la propiedad, no se encuentra bajo supervisión financiera. Su nombre, junto con el de su esposa, aparece vinculado al desarrollo de un barrio cerrado dentro de ese mismo predio.
Fuente: ABC Color
