Judiciales

Suspenden a juez y funcionarios por caso “Mafia de Pagarés”

Víctor Nilo Rodríguez y su equipo fueron apartados por presuntas irregularidades en expedientes de pagarés, mientras avanzan las investigaciones.

Foto: Fiscalía.

La Corte Suprema de Justicia resolvió suspender al juez de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, junto con su equipo de trabajo, debido a sospechas de manipulación irregular en expedientes de pagarés. La medida fue anunciada por el presidente del máximo tribunal, quien señaló que existen indicios de un esquema de corrupción en los juzgados de Paz de la Capital.

Además de la suspensión por 30 días, la Corte remitió los antecedentes del caso al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que se investiguen posibles hechos punibles y la conducta del magistrado. Mientras duren las averiguaciones, la jueza Liz Lobo quedará a cargo del juzgado afectado.

El caso involucra a otros magistrados y funcionarios, entre ellos Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot y Gustavo Villalba Báez. Algunos fueron trasladados y otros sumariados dentro del proceso disciplinario abierto por la CSJ. La investigación apunta a esclarecer si estos operadores judiciales integraban una red que utilizaba pagarés de forma fraudulenta para despojar ilegalmente a personas de su patrimonio.

El equipo fiscal asignado a la causa está conformado por Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes han iniciado las primeras diligencias. Según la denuncia, los implicados habrían montado un esquema dentro de los juzgados de Paz para ejecutar deudas mediante procedimientos irregulares y beneficiar a ciertos sectores.

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Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es el alto nivel de vida de algunos funcionarios involucrados. Durante un allanamiento en un lujoso departamento del barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de la Recoleta, se hallaron evidencias que podrían comprometer aún más a los implicados.

Las autoridades judiciales sostienen que las pesquisas seguirán avanzando para determinar el alcance del esquema y las posibles sanciones a los responsables.

Fuente: Judiciales.net