La bancada oficialista en la Cámara de Diputados contaría con los votos suficientes para evitar la pérdida de investidura del diputado Orlando Arévalo, cuestionado por su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias revelado en los denominados “chats de la mafia”. El pedido de destitución, impulsado por legisladores opositores y respaldado por diversos sectores de la sociedad civil, enfrenta una significativa resistencia del bloque colorado.
Los mensajes filtrados del teléfono del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes exponen una red de negociaciones dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde Arévalo habría participado activamente en gestiones irregulares. Las evidencias han generado renuncias y solicitudes de permiso de varios funcionarios involucrados, incluyendo al propio Arévalo en el JEM y la Cámara de Diputados.
La oposición, encabezada por el senador Rafael Filizzola, advierte que esta situación refleja un problema más profundo de corrupción sistémica en las instituciones del Estado. El caso ha provocado un amplio debate sobre la independencia judicial y la influencia del poder político en el sistema de justicia paraguayo.
Las revelaciones de los chats muestran un complejo entramado de influencias y negociaciones entre jueces, fiscales y políticos, con evidencias de pagos y favores que comprometen seriamente la integridad del sistema judicial. La participación de Arévalo en estas conversaciones sugiere un rol activo en la gestión de influencias dentro del JEM.
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El proceso de pérdida de investidura requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, un objetivo que parece difícil de alcanzar dado el control que ejerce el cartismo sobre el cuerpo legislativo. Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones civiles y sectores independientes que exigen una respuesta institucional contundente ante las evidencias de corrupción.
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La posible protección a Arévalo se sumaría a una serie de casos similares donde el oficialismo ha utilizado su mayoría parlamentaria para evitar sanciones contra figuras cuestionadas. Este patrón de comportamiento institucional plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y sanción en el sistema político paraguayo.
Fuente: El Nacional
