La Comisión Permanente del Congreso rechazó, por un ajustado margen, un proyecto de declaración que instaba al presidente de la República, Santiago Peña, a destituir a los titulares de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid; de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), Marco Alcaraz; y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. Estos ministros se han visto implicados en los datos extraídos de los chats filtrados del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.
La votación terminó en empate con ocho votos a favor y ocho en contra, pero el presidente de la Comisión Permanente, el cartista Miguel del Puerto, definió el rechazo con su voto. El proyectista, el diputado independiente Raúl Benítez, criticó duramente la decisión, calificándola como un “guiño al crimen organizado” y una muestra de complicidad tanto del cartismo como del propio Ejecutivo. Según Benítez, el silencio de Peña frente a estas denuncias agrava la percepción de impunidad en el país.
“Esta declaración ni siquiera era vinculante, solo buscaba un gesto político para que el presidente actúe frente a estas denuncias graves. El rechazo evidencia un patrón de protección mutua dentro del cartismo y el Gobierno”, declaró Benítez, agregando que los líderes oficialistas están cerrando filas para proteger a los suyos.
En el debate, aliados del cartismo argumentaron que el Congreso no tiene potestad para intervenir en decisiones del Ejecutivo. El diputado cartista Santiago Benítez afirmó que el proyecto representaba una extralimitación de funciones y una falta de respeto hacia el presidente. Sin embargo, reconoció que la ciudadanía espera acciones concretas respecto a los ministros implicados, aunque intentó restar validez a las pruebas obtenidas a través del peritaje judicial de los chats filtrados.
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El rechazo al proyecto no solo generó indignación en sectores opositores, sino también en diversos grupos de la sociedad civil, que ven en esta decisión un intento de minimizar las denuncias. Según Benítez, la renuncia del diputado Orlando Arévalo, también vinculado al escándalo, fue “una migaja” para dar la impresión de que se están tomando medidas, mientras que los principales responsables permanecen en sus cargos.
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El caso de los chats filtrados de “Lalo” Gomes continúa desvelando posibles vínculos entre el crimen organizado y altos funcionarios del Estado, comprometiendo aún más la credibilidad de las instituciones paraguayas. En este contexto, las críticas hacia el Gobierno y el cartismo se intensifican, especialmente por la falta de medidas concretas para esclarecer los hechos y sancionar a los involucrados.
Fuente: Última Hora
