La construcción del edificio Petra Signature en el barrio Mburukuya de Asunción se encuentra paralizada desde el martes pasado tras una resolución judicial promovida por Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La medida, dictada por la jueza Rossana Frutos, afecta a cerca de 300 trabajadores y genera preocupación en el sector inmobiliario.
Juan Migliore, propietario de Petra Emprendimientos S.A., denunció una serie de hostigamientos por parte de Domínguez, cuya propiedad colinda con la construcción. Según el empresario, el dirigente deportivo ha utilizado diversos medios para obstaculizar el proyecto desde su inicio hace un año, incluyendo presuntas amenazas captadas en video donde se escucharía decir “le voy a meter plomo” a quien invada su propiedad.
Denuncia al presidente de la Conmebol, Alejandro Domiguez @agdws. Jueza suspendió la construcción de un edificio, sobre la Avda Molas López
Supuestamente la cancha de la propiedad privada de Dominguez es afectada por la obra
Manifestación de 300 obreros, que quedan sin trabajo pic.twitter.com/coomaS480w
— Ariel Basualdo (@aisman6) February 14, 2025
La resolución judicial que ordena la suspensión provisional de las obras fue emitida con inusual celeridad, según los afectados. La demanda, presentada el 10 de febrero a las 21:22 por representantes del Grupo Buenaventura S.A., dirigido por Domínguez, alega afectaciones a la propiedad por hundimiento, aunque la constructora asegura contar con estudios técnicos que demuestran lo contrario.
Esta no es la primera vez que el proyecto enfrenta obstáculos legales. En marzo de 2024, Domínguez ya había conseguido una suspensión temporal a través de la Municipalidad de Asunción, aunque posteriormente Petra fue sobreseído por un juzgado de faltas municipal. Los desarrolladores sostienen que cuentan con todos los permisos necesarios y las medidas de seguridad requeridas.
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Los trabajadores afectados han iniciado manifestaciones para exigir la reanudación de las obras. “Nosotros solo queremos trabajar”, expresó Óscar Machuca, puntero de la obra, mientras la empresa busca apoyo de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) y prepara recursos legales para revertir la medida.
El caso ha generado preocupación en el sector inmobiliario por el precedente que podría sentar. “Si tenés al lado la casa de un político o de influencia, estás frito”, advirtió Migliore, señalando las implicaciones para futuros inversores y el mensaje negativo que envía al sector privado que busca desarrollar proyectos en el país.
Fuente: ABC Color
