España rechaza intento de Gianina García para evitar extradición a Paraguay

El Juzgado Central de Instrucción N° 5 de España rechazó los argumentos presentados por la defensa de Gianina García Troche para evitar su extradición a Paraguay. El tribunal consideró insuficientes las alegaciones relacionadas con las condiciones carcelarias en el país y la supuesta falta de control judicial en la orden internacional de detención.

La defensa de García Troche argumentó que el tratado bilateral de extradición permite examinar los hechos y que la constitución de una sociedad sin movimiento económico efectivo no constituye lavado de dinero. Además, cuestionó la ausencia de una acusación formal por tráfico de drogas y la supuesta persecución judicial basada únicamente en su vínculo con el narcotraficante Sebastián Marset.

En cuanto a las condiciones penitenciarias, los abogados señalaron que la extradición implicaría una violación de los derechos humanos fundamentales de la procesada. Presentaron informes sobre la situación carcelaria en Paraguay y destacaron la solicitud de asilo presentada por García, alegando persecución por su relación con una persona considerada narcotraficante.

Sin embargo, el tribunal español desestimó estos argumentos, calificándolos como “riesgos genéricos” y sin sustento suficiente para impedir la extradición. “La falta de concreción en cuanto a un peligro real para la vida o integridad física de la persona afectada no constituye motivo legal para denegar la extradición”, señaló la resolución judicial.

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Respecto a la calificación jurídica de los hechos, el juzgado aclaró que no corresponde a la justicia española indagar sobre el fondo del caso, sino verificar si la descripción de la acusación encuadra en un tipo penal español. Concluyeron que, de manera preliminar, las acusaciones de blanqueo de capitales presentadas por Paraguay tienen correspondencia con la legislación española.

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Según la imputación, García Troche constituyó la sociedad anónima Grupo San Jorge, bajo el nombre de fantasía Total Cars, con un capital social de G. 1.000 millones, en la que poseía el 75% de participación como presidenta. La empresa habría sido creada para facilitar la circulación de dinero ilícito vinculado al tráfico internacional de drogas.

Fuente: El Observador