Escándalo judicial: Funcionarios esconden celulares ante fiscalía

En un giro inesperado durante un allanamiento por la “mafia de pagarés”, fiscales encontraron que los empleados del Juzgado de Paz de Benjamín Aceval trabajan sin dispositivos móviles, generando sospechas sobre sus métodos de operación.

El fiscal Irán Suárez, a cargo de investigar un esquema de estafas a través de pagarés fraudulentos, enfrentó una situación inusual cuando se constituyó este jueves en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval. Al solicitar los teléfonos celulares de los funcionarios presentes durante la diligencia, tanto la actuaria Mirian Martínez como otro funcionario no identificado afirmaron no poseer tales dispositivos, a pesar de ser instrumentos esenciales para la gestión judicial en la actualidad.

#MafiaDeLosPagarés Durante la constitución del Ministerio Público en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, el fiscal Irán Suárez explicó a los funcionarios sobre los documentos a ser incautados y solicitó sus respectivos teléfonos celulares.

Llamativamente, los… pic.twitter.com/aIcSUVUbyK

— El Observador (@observapy) February 27, 2025

La sorpresa del fiscal fue evidente, quien inmediatamente cuestionó cómo se gestionaban los expedientes y las actividades cotidianas del juzgado sin estos equipos fundamentales para la comunicación moderna. Esta situación excepcional despertó sospechas sobre los procedimientos operativos de la dependencia judicial, coincidentemente investigada por su presunta participación en una red de estafas.

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Durante el procedimiento, el fiscal Suárez notificó que el objetivo principal era recolectar todos los expedientes relacionados con las firmas “Vanessa” y “RTO”, vinculadas a denuncias presentadas por docentes de Caazapá. Los datos preliminares indican que al menos seis armarios contenían exclusivamente juicios ejecutivos gestionados por la abogada Zully Ortiz García.

El allanamiento realizado el día anterior al estudio jurídico de Ortiz García reveló una situación aún más comprometedora. El equipo fiscal encontró 31 expedientes originales de juicios ejecutivos que deberían permanecer en el juzgado, junto con providencias y cédulas de notificación de embargos que fueron hallados en un basurero, lo que según el fiscal “llama bastante la atención”. Este hallazgo corroboró que el estudio jurídico funcionaba como una extensión no oficial del Juzgado de Paz a cargo del juez Roberto Carlos Ferreira.

Fuente: El Observador