El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso el inicio de procesos de enjuiciamiento de oficio contra los jueces de paz de La Recoleta y La Catedral, Víctor Nilo Rodríguez y Nathalia Garcete, respectivamente. La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria celebrada este martes, tras detectarse graves irregularidades en expedientes vinculados al caso conocido como “Mafia de los pagarés”. Adicionalmente, el órgano constitucional solicitó la suspensión sin goce de sueldo de ambos magistrados mientras se desarrollan los procesos de enjuiciamiento, medida que deberá ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La actuación del juez Víctor Nilo Rodríguez quedó bajo investigación luego de que la empresa de créditos Compañía Administradora de Riesgos S.A. (Carsa) procediera a la devolución de aproximadamente 10.000 expedientes judiciales. Esta situación, ampliamente difundida por medios de comunicación, motivó una exhaustiva auditoría por parte de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la CSJ. Según explicó César Garay Zuccolillo, presidente del JEM y ministro de la Corte Suprema, los resultados de esta investigación revelaron anomalías significativas en los documentos analizados, llevando a la máxima instancia judicial a remitir los antecedentes al Jurado para su correspondiente evaluación y determinación de responsabilidades.
Entre las irregularidades detectadas en el Juzgado de Paz de La Recoleta destaca la existencia de 434 expedientes con resoluciones firmadas por el juez y funcionarios pero sin fecha consignada, violando principios procesales fundamentales. Asimismo, en 7.927 causas se constató que el magistrado dictó providencias autorizando el retiro de expedientes sin fijar plazo para su devolución, contraviniendo expresamente disposiciones legales vigentes. La tercera causal por la que se enjuicia a Rodríguez es haber permitido que funcionarios bajo su supervisión incumplieran normativas legales, configurando una responsabilidad por omisión de control. La propuesta de enjuiciamiento recibió respaldo unánime de los miembros del Jurado, designándose a la abogada Cristina Armoa Santander como fiscala acusadora del caso.
El caso de la jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, titular del Juzgado de Paz de La Catedral, fue presentado ante el JEM por la vicepresidenta Alicia Pucheta, fundamentándose igualmente en hallazgos de la auditoría realizada por la dirección a cargo del abogado Rodolfo Heyn. En su juzgado se constataron 65 expedientes con resoluciones firmadas por la magistrada y sus funcionarios que carecían de fecha, irregularidad que, según señaló Pucheta, “reviste gravedad en razón a que podría constituir irregularidades y/o posibles faltas a las formalidades exigidas por el código de forma en la tramitación de sendas causas judiciales”. Estos expedientes habrían perjudicado a numerosas personas, formando parte del esquema operativo denominado “Mafia de los pagarés”. El miembro del JEM Enrique Berni agregó una causal adicional al enjuiciamiento, consistente en permitir que funcionarios bajo su cargo no observaran disposiciones legales, designándose a Celso Ayala como fiscal acusador para este proceso.
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La solicitud de suspensión de ambos magistrados mientras dure el enjuiciamiento genera un punto de controversia institucional, ya que la Corte Suprema de Justicia aplica actualmente una acordada que limita las suspensiones a un período máximo de un mes. Esta situación quedó evidenciada en el tercer tema tratado durante la sesión extraordinaria, referente a la jueza penal de garantías de Caacupé, Cynthia Páez Mancuello. En este caso, la CSJ dejó sin efecto su suspensión al cumplirse un mes de la medida, pese a estar enjuiciada por presunto mal desempeño al otorgar un habeas corpus a Domingo Vera Vera y ordenar la internación de Francisco de los Santos Ayala, ambos procesados por supuesto narcotráfico, aparentemente sin la debida justificación. El JEM resolvió solicitar nuevamente la suspensión de Páez Mancuello, argumentando que no existen hechos nuevos que modifiquen las circunstancias que motivaron la medida original.
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Durante la sesión, los miembros del Jurado manifestaron preocupación por el impacto de estas irregularidades en el sistema judicial, particularmente considerando que los juzgados de paz representan el primer nivel de acceso a la justicia para los ciudadanos. El senador Derlis Maidana expresó que “históricamente mucha gente en nuestro país ha sido perjudicada por estas maquinaciones jurídicas hechas por personas encargadas de administrar una delicada función la cual es la del poder jurisdiccional”, enfatizando la importancia de investigar estos hechos para evitar su repetición.
Fuente: ABC Color
