Imputan a 11 supuestos docentes por uso de títulos falsos

El Ministerio Público imputó a 11 supuestos educadores que habrían presentado títulos falsificados para concursar en el proceso de ascenso de cargos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La imputación fue presentada por la fiscala Teresa Sosa ante el juez Yoan Paul López, quien deberá decidir si admite o no el trámite.

Los investigados habrían accedido a matrículas docentes con documentación presuntamente adulterada y, pese a no contar con las certificaciones legítimas, trabajaban en instituciones educativas. La irregularidad fue detectada cuando intentaron participar en el concurso de ascenso convocado por el MEC, lo que llevó a las autoridades a realizar una verificación más exhaustiva de sus credenciales.

El caso no es un hecho aislado. Según fuentes del Ministerio Público, no es la primera vez que se detectan irregularidades en los procesos de contratación y promoción de docentes. En años anteriores, ya se habían abierto investigaciones similares contra personas que usaban documentos falsos para acceder a cargos públicos dentro del sistema educativo.

Este tipo de fraudes genera un impacto negativo en la calidad educativa, ya que pone en riesgo la formación de los estudiantes al permitir que personas sin la capacitación adecuada ocupen cargos docentes. Además, afecta la equidad en los concursos, perjudicando a los maestros que cumplen con todos los requisitos y que han obtenido sus títulos de manera legítima.

La investigación busca determinar la red de falsificación detrás de estos documentos, así como posibles cómplices dentro de las instituciones educativas o en el ámbito administrativo del MEC. Según el Código Penal Paraguayo, quienes utilicen documentos falsificados para obtener beneficios laborales pueden enfrentar penas de prisión y sanciones administrativas.

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Las autoridades instan a los educadores a denunciar cualquier irregularidad en los procesos de selección y ascenso, con el fin de evitar que personas sin la formación requerida accedan a puestos clave dentro del sistema educativo.

El juez Yoan Paul López deberá decidir si admite la imputación presentada por la Fiscalía y si dicta medidas cautelares contra los acusados. De encontrarse culpables, los implicados podrían enfrentar inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas y hasta penas de cárcel, dependiendo de la gravedad de la falsificación y el perjuicio causado.

Fuente: Última Hora