Comparan represión policial actual con la Ley 209 de la dictadura stronista

La represión del acto simbólico en homenaje a Rodrigo Quintana y la posterior denuncia penal contra dirigentes opositores han reavivado en el país el recuerdo de la Ley 209 de la dictadura stronista, una norma utilizada por el régimen de Alfredo Stroessner para perseguir y criminalizar a todo aquel que se opusiera al poder.

En el caso actual, la Policía Nacional impidió un acto pacífico frente al Palacio de Justicia, realizado por referentes del Partido Liberal y del Partido Democrático Progresista. Lo que debía ser una manifestación simbólica por los seis años del asesinato de Quintana —joven dirigente liberal asesinado por un agente policial durante el gobierno de Horacio Cartes— terminó con empujones, vallados y denuncias por parte de las fuerzas del orden.

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La Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón, abrió de forma expedita una causa penal por “perturbación de la paz pública” y “resistencia”, designando a la fiscala Irma Llano como responsable del caso. Los denunciados son el senador Rafael Filizzola, los exsenadores Luis Alberto Wagner y Desirée Masi, entre otros.

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La escena remite a los años más oscuros del stronismo. La Ley 209, con su aparente propósito de defender “la paz pública y la libertad de las personas”, sirvió durante décadas para castigar la disidencia, reprimir protestas y callar voces críticas. En su artículo 4º, establecía penas de hasta seis años de prisión por “predicar el odio entre paraguayos”, un concepto lo suficientemente amplio como para incluir reclamos legítimos de derechos.

La represión del lunes pasado fue justificada por la Policía alegando falta de permiso para el acto. Sin embargo, en democracia, los actos simbólicos y pacíficos en espacios públicos forman parte del ejercicio de derechos fundamentales, lo que ha generado preocupación sobre el uso político del aparato estatal.

La analogía con la dictadura se extiende también a otros episodios recientes: Gerardo Soria fue expulsado del Partido Colorado por criticar a Horacio Cartes, y la senadora Kattya González fue removida del Congreso tras cuestionamientos al cartismo. La Ley 209, en su artículo 6º, castigaba con prisión a quienes criticaran al presidente o a los miembros de los tres poderes del Estado.

Durante la dictadura, esa normativa se utilizó también para proscribir partidos opositores, criminalizar reuniones privadas y castigar la distribución de materiales considerados “subversivos”. Lo que comenzaba con una acusación podía terminar en tortura, cárcel o desaparición forzada.

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Hoy, los dirigentes denunciados por participar en un homenaje a Quintana se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión por el artículo 234 del Código Penal. Aunque no estamos en una dictadura formal, el uso de figuras penales contra opositores políticos por manifestaciones pacíficas enciende las alarmas democráticas.

El caso no solo revive el debate sobre Rodrigo Quintana y la impunidad de su asesinato, sino que también plantea una pregunta urgente: ¿está Paraguay retrocediendo hacia prácticas autoritarias bajo el ropaje de la legalidad?

Fuente: ABC Color