Nuevo plan anticorrupción propone control ciudadano

El contralor general de la República, Camilo Benítez, entregó al presidente Santiago Peña el documento que contiene los lineamientos para implementar la “Estrategia Nacional Anticorrupción”. Esta iniciativa surge como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer las instituciones y consolidar una cultura de integridad en la función pública, especialmente tras el fracaso legislativo de la ley de la carrera civil que debía regular el servicio público.

La propuesta presentada por Benítez contempla un sistema de denuncias ciudadanas contra funcionarios públicos y la creación de unidades de transparencia para cada organismo estatal en todo el país. Estas unidades quedarían bajo el control directo de la Contraloría General, ente designado como líder en la lucha anticorrupción impulsada por Peña desde los primeros días de su mandato en 2023, cuando nombró a Benítez como zar anticorrupción ad hoc.

Durante la presentación, Benítez destacó la envergadura del plan: “Es una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, es la estrategia más completa que yo he presenciado en toda mi vida. Esta es la última oportunidad que tenemos para cambiar las cosas y combatir la corrupción”. Sus palabras evidencian la magnitud de la misión encomendada por el Ejecutivo y la presión por obtener resultados concretos en una problemática histórica para el país.

Contraloría presentará plan contra la corrupción en el Estado

La génesis de esta estrategia se remonta a agosto de 2023, durante la primera cumbre de poderes convocada por el Gobierno de Peña. Sin embargo, adquirió mayor relevancia como alternativa tras el fracaso de la ley de función pública y carrera del servicio civil, que terminó excluyendo al Poder Legislativo y al Poder Judicial de su alcance. Esta exclusión mantiene los criterios actuales de contratación en ambos poderes, considerados por sectores críticos como permeables al clientelismo político.

Por su parte, en el Congreso Nacional se gesta una contrapropuesta que apunta a la creación de un sistema de recompensas para quienes denuncien actos de corrupción. Esta iniciativa, impulsada principalmente por sectores de la oposición, busca establecer incentivos económicos para ciudadanos que aporten información verificable sobre delitos contra el patrimonio público, siguiendo modelos implementados en otros países de la región.

La bancada oficialista muestra divisiones respecto a la efectividad del plan presentado por Benítez. Aunque varios senadores del cartismo consideran que la “Estrategia Nacional Anticorrupción” representa una iniciativa relevante, también expresan escepticismo sobre su impacto real. Un punto de preocupación recurrente es que muchas denuncias terminan archivadas cuando llegan al sistema judicial, generando impunidad en casos de alto perfil.

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El Gobierno insiste en que el componente de participación ciudadana resulta fundamental para el éxito de la estrategia. La propuesta busca empoderar a la ciudadanía para que ejerza un rol activo en la vigilancia del manejo de los recursos públicos, complementando la labor de los órganos de control y fiscalización existentes. Este enfoque responde a la creciente demanda social por mayor transparencia en la gestión pública.

Los próximos pasos incluyen la socialización del documento entre diversos actores políticos y sociales, previo a su implementación definitiva. El Ejecutivo espera que la estrategia pueda ejecutarse en el corto plazo, mientras analiza la posibilidad de incorporar elementos de la propuesta legislativa sobre recompensas, buscando un consenso que fortalezca la lucha contra la corrupción desde múltiples frentes.

Fuente: La Política Online