Este jueves se desarrolla una audiencia pública en el Congreso Nacional para analizar el proyecto de ley que propone declarar la energía eléctrica como un derecho humano y ampliar la tarifa social vigente. La iniciativa plantea elevar el consumo subsidiado de 300 a 1.500 kilovatios hora (kwh), con el objetivo de garantizar el acceso universal al servicio, especialmente en comunidades actualmente excluidas.
Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía y una de las impulsoras del proyecto, explicó que la cobertura eléctrica debe alcanzar el 100% de la población. Además, destacó que, en casos de imposibilidad de pago por razones humanitarias, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) debería pactar acuerdos con las familias afectadas, en lugar de proceder al corte del suministro.
Apoyo ciudadano y financiamiento
La propuesta fue respaldada a través de la recolección de más de 50.000 firmas, la mayoría obtenidas de manera manual, recorriendo diversas localidades del país. De acuerdo con Canese, esta respuesta refleja un sentimiento popular de que la energía hidroeléctrica debe ser aprovechada para mejorar la calidad de vida de la población. El financiamiento de la ampliación de la tarifa social sería cubierto íntegramente con fondos de gastos sociales.
El proyecto continuará su trámite legislativo en el Senado, que dispone de un plazo de dos meses para su estudio. Los impulsores consideran que este paso es fundamental para consolidar un acceso más equitativo y digno al servicio eléctrico.
Marcial Gómez, representante de la Federación Nacional Campesina (FNC), subrayó durante la audiencia la situación de vulnerabilidad energética que atraviesan numerosas comunidades rurales. Denunció la persistencia de cortes de suministro y deficiencias en la calidad del servicio, señalando una “orfandad total” por parte de la ANDE para garantizar el derecho a la energía en zonas productivas.
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Según Gómez, la falta de energía eléctrica de calidad afecta gravemente el desarrollo económico de los pequeños productores, quienes, a pesar de cumplir con sus obligaciones de pago, continúan enfrentando serias dificultades.
Energía como derecho humano
El proyecto busca instalar el concepto de la energía como un derecho fundamental, colocando al servicio eléctrico en el mismo nivel de otros derechos básicos como la educación y la salud. De aprobarse la ley, Paraguay avanzaría hacia un modelo de distribución más inclusivo, donde la falta de recursos económicos no sería motivo para privar a una familia de su acceso a la electricidad.
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El debate continúa abierto, mientras los distintos sectores de la sociedad civil, sindicatos y organizaciones campesinas mantienen la presión para que el Congreso apruebe esta reforma considerada histórica.
Fuente: ABC Color
