El proyecto de ley sobre el seguro de desempleo, que figura en el orden del día de la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, genera preocupación entre autoridades laborales. El viceministro del Trabajo, César Segovia, advirtió sobre la posibilidad de una aprobación sin análisis técnico ni consulta institucional.
Segovia recordó que existen antecedentes legislativos en esta materia. Tras la pandemia, se presentaron al menos cinco iniciativas legislativas sobre el mismo tema. Una de ellas, desarrollada entre 2021 y 2022 con apoyo técnico del Ministerio de Trabajo, proponía un modelo de financiamiento basado en el redireccionamiento del 2% del aporte obrero-patronal del Sinafocal.
¿Cuáles son las contras de este “Seguro por desempleo”?
Enrique López Arce, especialista en Empleos, en #LaUnionHaceLaFuerza
Arce destacó que no existe un estudio técnico real sobre el proyecto: no se define cuántas personas serían beneficiadas, cuántas podrían… pic.twitter.com/W2IfVJyuLa
— La Union AM (@Launionam) May 12, 2025
Ese esquema, que no implicaba aumento de aportes, era considerado viable desde la perspectiva de protección social. Sin embargo, ese mismo fondo fue reasignado a principios de este año al sistema de salud del Instituto de Previsión Social (IPS), dejando sin financiamiento a la propuesta original impulsada por el Ejecutivo.
El viceministro alertó que un nuevo modelo que contemple mayores descuentos a trabajadores y empleadores podría fomentar la informalidad, al incrementar la carga sobre el sector formal, contradiciendo los objetivos de inclusión laboral.
A estas advertencias se suman las del especialista en empleo Enrique López Arce, quien también expresó preocupación por la falta de un estudio técnico que respalde la sostenibilidad del proyecto. Según sus cálculos, el 2% de los aportes actuales sería insuficiente para cubrir un posible aumento del desempleo.
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López Arce indicó que, ante la insuficiencia de fondos, se podrían usar recursos del IPS o imponer mayores descuentos, lo que afectaría directamente al poder adquisitivo de los trabajadores. Esta situación podría impactar negativamente en la economía formal del país.
Según datos proporcionados por el especialista, actualmente más del 70% de los trabajadores con cobertura del IPS tienen más de un año de antigüedad. En caso de implementar el subsidio sin restricciones, la carga financiera sería considerable y podría comprometer los recursos previsionales.
Fuente: Última Hora
