La Contraloría General de la República identifica graves deficiencias en la ejecución del programa Hambre Cero en cuatro gobernaciones del país. Las administraciones departamentales de Alto Paraguay, Boquerón, Paraguarí y San Pedro registran las observaciones más críticas según el último informe publicado por el organismo contralor en abril.
El contralor Camilo Benítez evalúa implementar fiscalizaciones especiales inmediatas en estas jurisdicciones tras detectar incumplimientos sistemáticos en la prestación del servicio de alimentación escolar. Las gobernaciones involucradas deben presentar planes de mejoramiento que actualmente se encuentran bajo análisis por parte de los equipos técnicos especializados.
La administración de Arturo Méndez en Alto Paraguay presenta falencias críticas en equipamiento esencial, incumplimiento en entregas de insumos, deficiencias infraestructurales y ausencia de mecanismos de control efectivos. Estas carencias comprometen directamente la continuidad del programa alimentario en instituciones educativas departamentales.
En Boquerón, la gestión de Harold Bergen evidencia infraestructura y equipamiento deficientes, provisión incompleta de insumos, faltante de personal clave y suspensión del servicio de almuerzo escolar. La administración departamental no logra garantizar estándares mínimos de calidad en la prestación del servicio gubernamental.
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La gobernación de Paraguarí, bajo dirección de Norma Zárate de Monges, registra equipamientos insuficientes y provisión escasa de insumos alimentarios. Estas deficiencias estructurales afectan la implementación efectiva del programa social en el territorio departamental.
San Pedro, administrado por Freddy D’Ecclesiis, presenta equipamientos inadecuados, deficiencias en provisión de insumos alimenticios y falta de designación de personal de limpieza especializado. La ausencia de recursos humanos calificados compromete los estándares sanitarios del programa.
El Ministerio de Desarrollo Social también debe presentar planes correctivos como parte del proceso de evaluación integral. La Contraloría analiza las medidas propuestas por cada institución involucrada para determinar la viabilidad de las acciones de mejoramiento presentadas.
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Los resultados finales del análisis institucional se publicarán en las próximas semanas, estableciendo definitivamente las medidas correctivas que deben implementar las gobernaciones observadas. La ciudadanía accederá a información completa sobre las acciones gubernamentales adoptadas para solucionar las deficiencias detectadas.
Las carencias identificadas en infraestructura, equipamiento, provisión de insumos y mecanismos de control comprometen el objetivo fundamental del programa de combatir el hambre en instituciones educativas. La efectividad del plan gubernamental depende de la implementación correcta en todos los niveles administrativos del Estado.
Fuente: Última Hora
