La Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas del Paraguay expresó su preocupación por el incremento del contrabando tras la suspensión de las importaciones legales de productos frutihortícolas. La medida, impulsada en el marco de políticas de protección a la producción nacional, generó consecuencias en la cadena de comercialización y presiona al alza los precios al consumidor.
Karen Leguizamón, presidenta del gremio, informó que la entidad solicitó formalmente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para discutir alternativas y establecer controles más eficaces en la frontera. Sin embargo, hasta el momento, el sector no ha recibido respuesta oficial.
Uno de los principales efectos de la suspensión de importaciones ha sido el crecimiento del contrabando, que ingresa sin control sanitario ni fiscal a través de puntos informales. Esta situación no solo afecta la competencia leal entre comerciantes, sino que también genera inestabilidad en los precios. Según el gremio, el caso del tomate es ilustrativo: la caja del producto llegó a cotizarse en G. 235.000, marcando un aumento significativo respecto a semanas anteriores.
El ingreso irregular de mercadería distorsiona el mercado y pone en riesgo tanto la salud pública como la sostenibilidad de las cadenas de abastecimiento legalmente establecidas. Los importadores advierten que, si la situación persiste sin medidas correctivas, podrían registrarse nuevas alzas de precios y desabastecimiento de otros productos esenciales.
Sector frutihortícola evalúa movilización
Ante la falta de respuesta del MAG, los comerciantes no descartan iniciar medidas de fuerza. La posibilidad de una movilización nacional del sector está en evaluación, como forma de ejercer presión para la habilitación de espacios de diálogo y solución. El gremio reclama reglas claras que permitan un equilibrio entre el apoyo al productor local y el abastecimiento regular del mercado interno.
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Desde el sector señalan que no se oponen a las políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar, pero consideran que las restricciones deben ser acompañadas de una estrategia coordinada para evitar consecuencias no deseadas. El contrabando, advierten, termina beneficiando a intermediarios informales en perjuicio de quienes operan dentro de la legalidad.
La solicitud de una mesa técnica apunta a generar acuerdos con base en información actualizada sobre la producción local, la demanda del mercado y las capacidades logísticas para satisfacerla sin recurrir a mecanismos irregulares.
Fuente: Megacadena
