El juez Osmar Legal ordenó el congelamiento de tres propiedades rurales a nombre del fallecido diputado Eulalio Gomes, en el marco de la investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, conocido como caso Pavo Real II. La medida, solicitada por el Ministerio Público, afecta inmuebles que habrían sido utilizados para actividades agropecuarias con el objetivo de legitimar ingresos ilícitos.
La resolución judicial busca preservar estos bienes mientras se desarrolla la pesquisa, garantizando la eventual incautación en caso de comprobarse su uso para actividades ilícitas.
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Los bienes afectados están inscriptos en los Registros Públicos y corresponden a tres establecimientos rurales: San Juan, ubicado en Bella Vista Norte, departamento de Amambay; Marta Angélica, en Horqueta; y Ñu Porã, situado en Yby Yaú. Según la Fiscalía, estos predios sirvieron como fachada para canalizar dinero ilícito, mediante actividades agrícolas y ganaderas.
El juez dispuso la prohibición de innovar el estado jurídico de estos bienes, así como de realizar actos de disposición, con el objetivo de asegurar que no sean vendidos ni transferidos durante el proceso investigativo.
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El Ministerio Público argumentó que la mejora de estos inmuebles y las inversiones realizadas en infraestructura y ganado daban una apariencia de legalidad a las operaciones, permitiendo integrar dinero ilícito al sistema económico formal. Este uso estratégico de propiedades rurales es una de las modalidades que las organizaciones criminales utilizan para blanquear capitales.
La medida busca evitar que se altere la situación jurídica de las propiedades y asegurar el eventual comiso en caso de confirmarse la procedencia ilícita de los fondos.
Fuente: Megacadena
