Justicia Juvenil: responsabilidad estatal y protección social

El camarista de Itapúa, Camilo Cantero, reflexionó sobre el crimen de la adolescente embarazada María Fernanda Benítez, destacando que el caso interpela a toda la sociedad y cuestiona la eficacia del sistema de justicia penal juvenil. Durante una entrevista, el magistrado insistió en que la respuesta estatal no debe basarse únicamente en el endurecimiento de las penas, sino en un enfoque integral que equilibre prevención, reinserción y respeto a los derechos humanos.

Cantero aclaró que el régimen penal especial para adolescentes no constituye un privilegio, sino una obligación derivada de la Convención sobre los Derechos del Niño. Enfatizó que este régimen reconoce las características de desarrollo de los menores, exigiendo respuestas diferenciadas y pedagógicas, sin desconocer la gravedad de los delitos cometidos.

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Sobre la posibilidad de bajar la edad de responsabilidad penal o aumentar las sanciones, el magistrado señaló que estos cambios no deben considerarse soluciones automáticas. Recordó que los datos muestran que el aumento de penas no reduce necesariamente la violencia cometida por adolescentes. Sin embargo, sostuvo que el Estado debe contar con herramientas para actuar con firmeza en casos extremos, siempre dentro del marco legal y con medidas proporcionales y restaurativas.

El camarista también criticó la falta de políticas preventivas sostenidas que aborden las causas estructurales de la violencia juvenil, como el abandono escolar, la falta de salud mental comunitaria y el acceso temprano a las armas. “Estos factores están en la raíz de hechos como este, y solo pueden abordarse con inversión social y corresponsabilidad entre Estado, familia y comunidad”, afirmó.

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Cantero sostuvo que el crimen de María Fernanda debe llevar a un debate sobre la eficacia del sistema de ejecución de medidas socioeducativas. Propuso que en casos excepcionales se utilicen medidas privativas de libertad con seguimiento psicosocial intensivo, siempre con la mira puesta en la reinserción real y en la protección de la víctima y la sociedad.

Finalmente, el magistrado subrayó que la Constitución y los tratados internacionales obligan al Estado a proteger a todos los niños, niñas y adolescentes, incluyendo a los infractores y a las víctimas. “No se trata de venganza punitiva, sino de responsabilidad institucional. Prevenir y actuar a tiempo es la clave para evitar tragedias como la de María Fernanda”, concluyó Cantero.

Fuente: Última Hora