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Hormigonera en zona prohibida genera conflicto en Luque

Habitantes de Zárate Isla, Luque, presentaron un amparo para frenar una hormigonera instalada en zona residencial, pese a normas que lo prohíben.

La planta hormigonera comenzó a instalarse en Zárate Isla, Luque en abril.

Habitantes del barrio Zárate Isla, en Luque, presentaron una acción de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia de Central, exigiendo la suspensión inmediata de una planta hormigonera de la empresa boliviana Preforte instalada en una zona clasificada como exclusivamente residencial. La demanda va dirigida contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Municipalidad de Luque y la firma operadora.

Según el escrito, la concretera se está asentando sobre la Finca 21.150, zona que, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por la Ordenanza 08/2001 de la Junta Municipal de Luque, está destinada a uso habitacional tipo “H2”. Esta clasificación permite comercios menores y talleres artesanales, pero prohíbe expresamente industrias molestas o de alto impacto.

A pesar de la prohibición vigente, la Intendencia Municipal autorizó el inicio de las obras a través de la resolución I.M. N.º 548/2025. Este acto administrativo permitió avanzar con la construcción de la planta, ignorando la incompatibilidad del proyecto con la zonificación oficial de la ciudad.

La situación se agravó el 29 de noviembre de 2024, cuando el MADES aprobó la Declaración de Impacto Ambiental N.º 2418/2024. La comunidad sostiene que esta licencia fue emitida con celeridad inusual, sin respetar las disposiciones locales que impiden industrias en áreas residenciales.

La Junta Municipal de Luque, mediante la resolución J.M. N.º 309/2025, solicitó al intendente Carlos Echeverría la suspensión inmediata de las obras y un informe detallado sobre la legalidad de la instalación. También expresó su preocupación por la salud y la calidad de vida de los vecinos afectados, debido al polvo, ruido y tránsito pesado generado por la planta.

Los documentos municipales indican que los vecinos, preocupados por la emisión de partículas contaminantes y el impacto sonoro, ven vulnerados derechos fundamentales como la salud, el ambiente y el bienestar. Alegan que la operación de la planta representa un riesgo, especialmente para niños y adultos mayores.

Investigaciones señalan que el proponente del proyecto, el ingeniero Carlos Vicente Guyraud Caballero, figura como contratista del Estado hace décadas en obras públicas con millonarios contratos adjudicados, varios de ellos con sobrecostos. Además, fue denunciado por el Ministerio Público por presunta falsificación de créditos tributarios en la construcción del nuevo Hospital de Clínicas en 2014. La comunidad exige transparencia y mayor rigor en la evaluación de sus propuesta.

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Según el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, las industrias peligrosas y molestas están prohibidas en zonas residenciales de Luque. La normativa establece que estas solo pueden ubicarse en zonas industriales, previa aprobación técnica y ambiental con medidas estrictas de mitigación.

Los denunciantes critican que el MADES no tiene competencia legal para inaplicar ordenanzas municipales y afirman que su declaración ambiental es ilegítima. Alegan que la entidad omitió consultar con la Municipalidad el tipo de zonificación del terreno, lo cual constituye una omisión grave.

Por su parte, la jueza Greta Aquino, a cargo del expediente, deberá analizar la solicitud de medida cautelar para suspender las actividades de la planta mientras se estudia el fondo del caso. Los vecinos urgen su pronunciamiento debido a los daños ya ocasionados y los peligros latentes.

Exigen cumplimiento de ordenanzas y traslado inmediato

La comunidad solicita el traslado de la planta a una zona industrial, conforme a derecho, y reclama el respeto a las ordenanzas municipales como base de la planificación urbana. En paralelo, exigen que se investigue la cadena de autorizaciones que permitió avanzar con el proyecto pese a la clara prohibición.

MADES, Intendencia y proponente bajo cuestionamientos

Los documentos presentados ante la justicia exponen fallas en la articulación entre instituciones locales y nacionales. La acción de amparo busca frenar un precedente que, de prosperar, debilitaría gravemente el cumplimiento del ordenamiento territorial en Paraguay.

Fuente: ABC Color