La Contraloría General de la República detectó que tres juezas de Paz de la capital no justificaron el incremento millonario de sus bienes patrimoniales. Los casos fueron remitidos a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para su análisis correspondiente. La investigación forma parte del examen posterior a la denominada mafia de los pagarés.
El caso más relevante corresponde a la magistrada Carmen Analía Cibils de La Encarnación, quien registra un incremento patrimonial sin sustento por aproximadamente 800 millones de guaraníes. La cifra abarca el período comprendido entre 2012 y 2024, con mayor concentración durante su gestión judicial. La Contraloría advierte que el monto podría incrementarse tras la tasación de construcciones detectadas.
El informe técnico establece que ocho magistrados presentaron irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales. Cinco de ellos mostraron omisiones y errores que requieren corrección inmediata. La Contraloría procedió al envío automático de los expedientes al Ministerio Público para evaluar posibles hechos punibles. Las declaraciones falsas constituyen delitos según el marco legal vigente.
La metodología aplicada por la CGR comparó los ingresos legalmente comprobados con la variación patrimonial registrada oficialmente. El análisis incorporó información de inteligencia financiera proporcionada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. Los cruces de datos revelaron inconsistencias significativas en las declaraciones presentadas por las magistradas investigadas.
Las juezas Liliana González de Bristot y Nathalia Garcete también figuran en el listado de casos remitidos a instancias superiores. González de Bristot presenta crecimiento patrimonial con omisiones relevantes según el dictamen contralor. Su situación será analizada en profundidad por los organismos competentes para determinar la procedencia de las observaciones formuladas.
El caso de Nathalia Garcete involucra un patrimonio no justificado de 230 millones de guaraníes derivado de inversiones cuestionadas. La magistrada argumentó que las inversiones fueron realizadas por su esposo durante el período analizado. La Contraloría verificó que el cónyuge contaba con ingresos suficientes, pero la separación de bienes matrimoniales impidió establecer claramente la titularidad. La falta de documentación respaldatoria complica la situación procesal.
La investigación reveló documentos sin fecha cierta ni certificación notarial en varios expedientes analizados por la Contraloría. Esta situación podría indicar producción falsa de documentos para justificar inconsistencias patrimoniales detectadas. Los hallazgos sugieren maniobras deliberadas para ocultar el origen real de los recursos económicos involucrados en cada caso.
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El órgano contralor utilizó imágenes satelitales e informes municipales para verificar la existencia de construcciones no declaradas adecuadamente. La metodología tecnológica permitió detectar bienes inmuebles que no figuraban en las declaraciones juradas presentadas. Los cruces de información revelaron diferencias sustanciales entre lo declarado y la realidad patrimonial verificada.
La CGR anunció que los exámenes patrimoniales continuarán extendiéndose a actuarios y ujieres actualmente bajo evaluación institucional. La medida busca completar el análisis integral del sistema judicial involucrado en irregularidades. Los resultados determinarán el alcance real de las observaciones formuladas y las medidas correctivas necesarias para restablecer la transparencia institucional.
Fuente: Última Hora
