El caso Persea del Norte tuvo este lunes una condena de 5 años de prisión contra Gudelia Vargas Armoa, esposa de Marcio Ariel Sánchez Giménez, alias “Aguacate”. La mujer fue declarada culpable por lavado de dinero proveniente del sicariato. Según el fallo, se trata de la primera condena dictada en Paraguay por este hecho ilícito.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos estuvo presidido por Yolanda Morel. También lo integraron Ana Rodríguez y Karina Cáceres. El colegiado resolvió mantener las medidas alternativas a la prisión preventiva, debido a que Vargas ya cumplió la pena mínima desde el inicio del proceso penal en 2022.
La condenada seguirá con prohibición de salir del país y deberá presentarse mensualmente ante el juzgado para firmar el libro. Además, el tribunal dispuso el comiso de bienes muebles, principalmente vehículos incautados en el caso. También ordenó mantener congelado el dinero obtenido por la venta anticipada de ganado vacuno y porcino realizada por Senabico.
Persea del Norte y el dinero del sicariato
Durante el juicio oral, iniciado en junio de 2025, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdez. La acusación sostuvo que Gudelia Vargas simuló ingresos por más de G. 4.700 millones. Ese dinero habría provenido del sicariato atribuido a su pareja, asesinado en 2023.
La presidenta del tribunal señaló que el beneficio obtenido por Vargas estuvo representado en dinero, vehículos, inmuebles, ganado y otros bienes. Según la magistrada, estos elementos provenían de hechos ilegales vinculados a homicidios por encargo. También indicó que la acusada habría dado apariencia legal a esos fondos mediante operaciones comerciales simuladas.
Bienes, facturas y apariencia de legalidad
La Fiscalía sostuvo que Marcio Sánchez, alias “Aguacate”, habría iniciado como miembro de estructuras ligadas al tráfico de drogas. Luego, tras la muerte de Jorge Rafaat Toumani en 2016, se habría reorganizado para ejecutar asesinatos por encargo. La acusación mencionó vínculos con facciones criminales de influencia en la zona norte.
Según la acusación, Vargas fue la principal colaboradora para ocultar bienes e inversiones obtenidas con esos fondos. Entre 2016 y 2022 habría simulado ingresos por G. 4.737 millones mediante actividades comerciales, ganaderas y tributarias. Para el tribunal, conocía el origen ilícito de los beneficios y actuó con dolo directo al intentar insertarlos en el mercado formal.
Fuente: ABC Color
