El Ministerio Público resolvió confirmar a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak en la investigación que involucra al senador Erico Galeano. La decisión fue tomada por la fiscal adjunta Soledad Machuca, quien rechazó la recusación presentada por la defensa el pasado 17 de junio.
La defensa de Galeano había solicitado apartar a ambos agentes fiscales, argumentando que perdieron la objetividad al referirse públicamente al caso. Debido a esta acción, el juicio oral, que debía iniciar ese mismo día, fue suspendido.
La fiscal adjunta Soledad Machuca rechazó la recusación del senador Erico Galeano (ANR) y confirmó a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, en la causa por supuesto lavado de activos y asociación criminal.
Galeano todavía puede impugnar la confirmación de los agentes. pic.twitter.com/2TzDSJ3dbD
— Lucas Zaracho (@Lucas_zPy) June 19, 2025
El abogado Álvaro Cáceres sostuvo en declaraciones a NPY que los fiscales realizaron comentarios ante la prensa cuestionando la libertad del senador. Esa situación, según la defensa, comprometería la imparcialidad del proceso.
Galeano está siendo procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del Operativo A Ultranza PY. El caso se relaciona con una serie de transacciones que, según la investigación, vinculan al legislador con una red dedicada al narcotráfico.
Uno de los elementos que sustentan la acusación es la venta de un inmueble en el condominio Aqua Village, en Altos, Cordillera, a personas presuntamente vinculadas al esquema criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset.
Además, se investiga si Galeano prestó una avioneta de su empresa a miembros de esta estructura y si el dinero del narcotráfico fue canalizado a través del Club Deportivo Capiatá, institución que presidió años atrás.
Unite a nuestro canal de Facebook
Con la ratificación de Corbeta y Pak, la causa continúa su curso. Galeano deberá comparecer ante el tribunal conformado por los jueces Pablino Barreto, Anselma Galarza y Juan Dávalos, especializados en crimen organizado.
La defensa aún cuenta con un plazo legal de tres días hábiles para impugnar la decisión ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Se espera una definición clave que podría destrabar el juicio o generar nuevas dilaciones.
Fuente: ÚH