El proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos avanza en el Congreso Nacional con amplio consenso, aunque persisten objeciones específicas sobre las facultades regulatorias que se otorgarían al Banco Central del Paraguay. La iniciativa, que ya cuenta con sanción senatorial, se encuentra en agenda de la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
La controversia se centra en el artículo 4 del proyecto, particularmente en los incisos E y Q, que establecerían nuevas competencias para el ente regulador en materia de estructuración empresarial del sector financiero.
Reunión interinstitucional e intenso debate en torno al proyecto: “Sistema Nacional de Pagos”
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— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) June 23, 2025
El inciso E facultaría al BCP a reglamentar y definir requisitos aplicables a los distintos roles dentro del sistema, incluyendo criterios organizativos, funcionales y de transparencia. Esta disposición permitiría exigir medidas de separación cuando una misma entidad participe simultáneamente en múltiples roles del sistema.
La normativa contempla que el Banco Central pueda requerir la presentación de planes de separación estructural, detallando medidas y plazos para asegurar independencia funcional, organizacional y contable entre las diferentes actividades de una empresa.
Autoridades defienden beneficios para usuarios
La directora del BCP, Liana Caballero, explicó que las modificaciones surgieron tras una recomendación de la Comisión Nacional de Competencia, derivada de una resolución sancionatoria contra Bancard por abuso de posición dominante. El caso se originó por una denuncia del Banco Continental.
Caballero utilizó una analogía para explicar la situación: las tarjetas son vehículos emitidos por bancos, mientras las procesadoras funcionan como carreteras por donde circulan. La concentración de estos roles en una sola empresa genera posición dominante que limita la innovación y competencia.
Senado debate ley para regular sistema de pagos electrónicos
El director del Departamento de Análisis del Sistema de Pago, Bruno Gómez, señaló que actualmente existe integración vertical en el mercado de tarjetas de crédito. Una misma empresa cumple roles de procesador emisor, procesador adquirente, adquirente y proveedor de terminales punto de venta.
Esta integración vertical impide el ingreso de nuevos actores al mercado, como empresas fintech especializadas en procesamiento emisor, debido a la dinámica monopolística existente. La regulación buscaría generar competencia individual en cada rol específico.
La Comisión Nacional de Competencia respaldó públicamente el proyecto legislativo mediante comunicado oficial. El organismo considera que la iniciativa representa una oportunidad para promover un entorno más competitivo en el sector a través de futuras reglamentaciones del BCP.
Sector bancario cuestiona constitucionalidad
El director de la Asociación de Bancos del Paraguay, Jerónimo Nasser, rechazó las justificaciones oficiales y cuestionó la constitucionalidad de las facultades propuestas. Según su criterio, el debate no se centra en interoperabilidad sino en la potestad de desestructurar empresas.
Cuestionamientos por parte de Bancard a proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos
Desde la procesadora de pagos refieren que un inciso del Art. 4 «está redactado contra la empresa»
«Estamos de acuerdo con la ley pero hay un inciso del art. 4 que da una atribución… pic.twitter.com/5eVoNN8PX2
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 23, 2025
Nasser argumentó que actualmente el 85% de las transacciones ya son interoperables, por lo que no existiría problema de competencia que justifique medidas regulatorias extremas. Calificó como “pretexto absurdo” la intención de intervenir estructuralmente en Bancard.
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El dirigente gremial precisó que la disputa entre Banco Continental y Bancard fue contractual, no comercial, y que cada banco puede elegir libremente su procesadora de pagos. Citó como ejemplos a Ueno Bank, que opera con Upay y tiene 1.200.000 tarjetas, y Dinelco con 300.000 tarjetas.
Nasser enfatizó que Bancard mantiene 1.300.000 tarjetas emitidas y opera con bancos, financieras, cooperativas, telefónicas, billeteras y empresas comerciales. La empresa invierte más de 12 millones de dólares anuales en infraestructura tecnológica.
El representante bancario considera anticonstitucional otorgar al BCP facultades para “matar empresas” mediante regulaciones estructurales, función que no corresponde a bancos centrales a nivel internacional. Aseguró que el sector cumplirá regulaciones técnicas pero rechaza intervenciones que afecten cuotas de mercado legítimamente obtenidas.
Fuente: Última Hora
