Juez embarga bienes con pagarés ya cancelados

El juez de paz Fidelino Cáceres ordenó el embargo preventivo de los bienes de Carmen Fernández utilizando documentos que certifican una deuda ya saldada con la empresa Lennux S.A. El magistrado de Mariano Roque Alonso tramitó la demanda ejecutiva basándose en copias autenticadas de pagarés que la deudora había cancelado completamente.

La abogada Solange Alfonso presentó la demanda por más de 4.428.000 guaraníes contra Fernández, residente de Capiatá y madre soltera. El proceso judicial se desarrolló sin que la afectada recibiera notificación alguna del juzgado o de la empresa demandante.

Fernández descubrió el embargo al recibir su salario mensual, que quedó reducido a 600.000 guaraníes tras los descuentos ordenados judicialmente. La mujer manifestó que casi sufrió un infarto al constatar la merma en sus ingresos, considerando que debe costear el alquiler de su vivienda como único sustento familiar.

La situación evidencia irregularidades en el proceso judicial, ya que el magistrado aceptó como prueba válida documentos que acreditan obligaciones financieras ya cumplidas. El caso expone fallas en el sistema de verificación documental que permitieron la tramitación de una demanda sin fundamento legal sólido.

El embargo afectó directamente la subsistencia de una madre soltera, quien perdió el 90% de sus ingresos mensuales sin haber sido informada previamente del proceso legal. La ausencia de notificación vulnera el derecho de defensa y contradice los principios básicos del debido proceso.

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La empresa Lennux S.A. logró obtener una medida cautelar favorable presentando copias certificadas de documentos que ya no tenían validez legal. Esta práctica plantea interrogantes sobre los mecanismos de control que deben implementar los juzgados para verificar la autenticidad y vigencia de la documentación presentada.

El caso de Carmen Fernández ilustra las consecuencias devastadoras que pueden sufrir los ciudadanos cuando el sistema judicial falla en sus controles básicos. La situación demanda una revisión urgente de los procedimientos que permiten este tipo de irregularidades y la implementación de salvaguardas para proteger a los justiciables de abusos similares.

Fuente: Megacadena