Contralor advierte extinción de la CGR por ley del Senado

El contralor general Camilo Benítez se presentó ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados para expresar su oposición al proyecto de ley que pretende ampliar las atribuciones del Tribunal de Cuentas. La propuesta, ya aprobada en el Senado, permitiría a administradores públicos evitar rendir cuentas ante la Contraloría.

El contralor advirtió que la aprobación de esta normativa abriría la puerta a una legalización del “puenteo” institucional, debilitando seriamente el sistema de control sobre los recursos públicos. Según explicó, esta modificación pondría en riesgo los principios de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos estatales.

Modificaciones al proyecto de ley que «puentea» la Contraloría a través del Tribunal de Cuentas es un «atentado a la Constitución», según contralor

♦️ Camilo Benítez señala que la propuesta va en contra de la transparencia y el combate a la corrupción que promueve el… pic.twitter.com/4iSlzObtEW

— NPY Oficial (@npyoficial) July 14, 2025

Benítez afirmó que, de avanzar el proyecto en su forma actual, se estaría desmantelando el rol fiscalizador de la Contraloría General de la República (CGR). En ese escenario, sostuvo que debería incluso analizarse la utilidad de mantener la institución, dado que quedaría vaciada de atribuciones fundamentales.

La propuesta figura para su tratamiento en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Si los legisladores aprueban la versión del Senado, el texto quedaría automáticamente sancionado y entraría en vigor, sin mayor debate institucional sobre su impacto en el control público.

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El proyecto modifica el artículo 40 de la Ley N.º 879/1981, que regula el Código de Organización Judicial. En la práctica, permitiría que entidades administradoras de fondos públicos opten por recurrir exclusivamente al Tribunal de Cuentas, evadiendo el examen previo de la Contraloría.

Diversos sectores ya se manifestaron en contra de esta medida, considerando que podría favorecer el ocultamiento de irregularidades, al reducir el alcance de uno de los principales órganos de control del país. Organismos de la sociedad civil también alertaron sobre los efectos en la lucha contra la corrupción.

Fuente: ABC Color