Proyecto contra OPACI pone a prueba al cartismo

La Cámara de Diputados incluyó en su orden del día el proyecto de ley que busca eliminar la intermediación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) en trámites clave como licencias de conducir y transferencias de inmuebles. Se trata de una iniciativa que pone en entredicho el discurso oficialista sobre el “bien común”.

El documento, promovido por el diputado opositor Miguel Martínez, plantea eliminar los cobros que OPACI aplica a ciudadanos de todo el país por supuestas gestiones administrativas. Pese a recibir recursos provenientes del bolsillo de los contribuyentes, OPACI actúa como una ONG y no está sujeta a mecanismos obligatorios de rendición de cuentas.

#Lpm730 Diputados opositores plantean cortar el “fato” de Opaci con licencias de conducir y bienes raíces

«La Opaci se creó con un lindo espíritu, con una linda intención pero, ¿quién tiene el registro público, el registro cívico permanente, el registro único del… pic.twitter.com/qvsnXz7q7M

— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) July 7, 2025

La organización cobra por cada renovación o expedición de licencias de conducir, independientemente del municipio. También aplica tasas sobre inscripciones o transferencias de bienes raíces, sin que los usuarios sepan en detalle a dónde van esos fondos ni bajo qué criterios se ejecutan.

La crítica central es que se trata de una estructura paralela al Estado, sin fiscalización efectiva y con vínculos cercanos al cartismo. OPACI ha operado durante años con respaldo político, lo que le ha permitido mantener su modelo de recaudación sin obstáculos legales ni controles institucionales.

¿Por qué se cobra OPACI?

♦️ Un conductor cuestiona el pago del arancel a esta institución para la renovación de la licencia de conducir.

️ «El pago del arancel yo no tengo ni idea de en qué se usa. Cuando renovamos nuestro carnet, ¿por qué no nos da por lo menos un… pic.twitter.com/f4mOnf4lUk

— NPY Oficial (@npyoficial) July 12, 2025

El proyecto aún no cuenta con dictamen de comisión, un paso que normalmente antecede al tratamiento en el pleno. Esta demora es interpretada como un intento de dilatar el debate por parte de la mayoría oficialista, a pesar de que el tema ya generó reacciones en redes sociales y en sectores municipales.

Durante su informe anual, el presidente Santiago Peña se refirió al Congreso como una “aplanadora del bien común”, destacando su mayoría en ambas cámaras. Ahora, esa misma aplanadora será puesta a prueba ante una propuesta que toca intereses vinculados al sistema de recaudación municipal no transparente.

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Si bien el proyecto figura como punto 21 del orden del día, su tratamiento efectivo dependerá de la voluntad política de la mayoría cartista. La sesión marcará si el oficialismo está dispuesto a frenar una estructura de poder y dinero que opera al margen de la fiscalización pública.

Para sectores opositores, esta es una oportunidad de exponer las contradicciones del discurso oficialista y de evidenciar si el interés ciudadano se ubica realmente por encima de acuerdos políticos internos o beneficios sectoriales.

Fuente: ABC Color