Usan sede militar como base política y denuncian irregularidades

Una denuncia por uso indebido de instalaciones militares para actividades proselitistas reaviva el debate sobre la neutralidad de las Fuerzas Armadas en el escenario político. El suboficial retirado Reinaldo Pino Vallejos acusó públicamente al diputado Pedro Ortiz (ANR-HC) de haber utilizado la sede del Club de Suboficiales de las Fuerzas Armadas como centro de operaciones para la campaña de su hijo, Javier Chito Ortiz, quien busca ser concejal de Luque.

El acto político se realizó el lunes pasado en la sede ubicada sobre la avenida Madame Lynch y Aviadores del Chaco, en Asunción. Según Pino Vallejos, se trataría de una violación al estatuto interno del club y a las normas que rigen la conducta del personal militar. El denunciante también afirmó que participaron militares activos, lo cual está expresamente prohibido por la Ley 1115/97, en su artículo 16, y por la Ley 679, que restringe los derechos políticos de militares y policías en servicio activo.

Uno de los presentes en el acto habría sido el suboficial mayor José Antonio Duarte, actual presidente del Club de Suboficiales y militar en servicio. En el evento también estuvo el diputado Diego Candia, precandidato a la intendencia de Luque y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), respaldado por el intendente Carlos Echeverría.

El estatuto del Club de Suboficiales prohíbe expresamente el uso del local para actividades políticas o religiosas, según el artículo 87. Pino Vallejos sostuvo que estos hechos reflejan un uso indebido de bienes comunes y una interferencia política en una institución que debería mantenerse al margen de disputas electorales.

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La denuncia también señala una supuesta persecución interna. El militar retirado asegura haber sido sancionado sin pruebas y sin proceso previo, por oponerse políticamente al grupo liderado por Ortiz dentro del club. “Me suspendieron justo cuando se definía la presidencia del club. Esto es persecución política disfrazada de reglamento interno”, manifestó.

A raíz de la denuncia, la Corte Suprema de Justicia Militar confirmó la apertura de una carpeta de investigación para determinar si hubo participación indebida de personal en servicio activo. El general Ángel Narváez, presidente del organismo castrense, aseguró que, si se hallan elementos probatorios, los responsables serán procesados conforme a las normativas vigentes.

Fuente: Última Hora