La Asociación de Comerciantes e Importadores del Paraguay (ASIMCOPAR) presentó una propuesta para enfrentar el incremento de precios en productos de consumo masivo. Eugenio Caje, presidente del gremio, planteó reducir temporalmente el Impuesto al Valor Agregado y los aranceles en artículos básicos para aliviar la presión sobre los consumidores paraguayos.
El presidente Santiago Peña confirmó que el Estado monitoreará los precios finales al consumidor, especialmente en productos de la canasta básica familiar. La medida busca proteger el poder adquisitivo de las familias ante las variaciones económicas que afectan el costo de vida en el país.
ASIMCOPAR propuso establecer un diálogo amplio que incluya sectores privados, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Banco Central del Paraguay (BCP). El objetivo es diseñar estrategias conjuntas para dinamizar el comercio y promover un consumo más sostenible en el mercado nacional.
Caje explicó que los picos en el alza del dólar repercuten directamente en el encarecimiento de los productos importados. Por ello, el gremio sugiere ofrecer cobertura cambiaria a los importadores de productos esenciales para estabilizar los precios y reducir la volatilidad en el mercado interno.
La Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) solicitó a los proveedores ajustar sus precios hacia la baja, siguiendo la reducción sostenida en la cotización del dólar registrada en las últimas semanas. Gustavo Lezcano, presidente de CAPASU, destacó que los supermercados son tomadores de precios y no fabricantes ni importadores directos.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
Lezcano aclaró que los supermercados actúan como intermediarios en una cadena comercial compleja, siendo los más visibles para el consumidor final. Los establecimientos comerciales reflejan las variaciones de precios que se generan en eslabones anteriores de la cadena de distribución nacional.
La propuesta de reducción temporal del IVA busca generar un impacto positivo en el presupuesto familiar paraguayo. La medida requiere coordinación entre el sector privado y las autoridades fiscales para implementar un mecanismo efectivo que beneficie tanto a comerciantes como a consumidores finales.
Fuente: El Nacional
