Areguá declara hijo dilecto a senador imputado Erico Galeano

La Junta Municipal de Areguá aprobó la declaración de hijo dilecto al senador Erico Galeano, parlamentario actualmente imputado por lavado de dinero y asociación criminal. La decisión se sustenta únicamente en la presentación de un proyecto que beneficia intereses particulares sobre patrimonio municipal, generando controversia en el ámbito político local.

La resolución N° 168/2025 fue firmada el 11 de agosto tras una minuta verbal del concejal Hebert Roa Villagra. El documento oficial justifica la distinción por el proyecto de desafectación de dominio público que autoriza la transferencia gratuita de un inmueble municipal al Club de Fútbol 8 de Setiembre de Valle Pucú. Esta medida transfiere recursos públicos hacia una entidad privada sin contraprestación económica.

#ALaGran730 Junta Municipal de Areguá declaró al senador Erico Galeano como hijo dilecto de Areguá.

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El predio desafectado abarca casi media hectárea de terreno municipal valorizado, aprobado en el Senado el 5 de diciembre de 2024. El club beneficiario está presidido por Adolfo Ramón Cardozo, reconocido operador político del intendente Denis Torres y del propio Erico Galeano. Cardozo mantiene vínculos públicos con dirigentes del movimiento cartista y organiza actividades de promoción política partidaria.

El senador Galeano enfrenta un proceso judicial en el marco del operativo A Ultranza por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Su vinculación con equipos deportivos incluye su anterior rol como principal inversor del Club Deportivo Capiatá, institución donde participó Diego Marset, presunto líder de organización narcocriminal investigado por autoridades internacionales.

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La distinción municipal coincide temporalmente con el avance de las investigaciones judiciales contra el parlamentario. Los concejales de Areguá fundamentaron su decisión exclusivamente en un proyecto que transfiere patrimonio público hacia entidades vinculadas políticamente con el beneficiado. Esta situación plantea interrogantes sobre los criterios aplicados para otorgar reconocimientos municipales.

La resolución fue adoptada sin debate público previo ni consulta ciudadana sobre la pertinencia de distinguir a un funcionario bajo proceso penal. El procedimiento siguió los canales administrativos internos de la Junta Municipal, sin participación de organizaciones sociales o representantes comunitarios en la evaluación del mérito de la distinción propuesta.

Fuente: ABC Color