A un año del operativo en el que murió el diputado Lalo Gomes

El 19 de agosto de 2024, en horas de la madrugada, un operativo de la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) terminó con la muerte del diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes en su residencia de Pedro Juan Caballero. Un año después, la familia del legislador sostiene que lo ocurrido sigue sin esclarecerse y reclama que el caso fue desestimado sin agotar todas las líneas de investigación.

Según la versión oficial, Gomes abrió fuego contra los intervinientes, lo que derivó en una respuesta letal de los agentes. En paralelo, se ejecutaba otro procedimiento contra su hijo, Alexander Rodrigues Gomes, quien logró escapar inicialmente pero luego se entregó a las autoridades. Para la Fiscalía, los agentes actuaron en defensa propia, motivo por el cual la denuncia presentada por la familia fue desestimada en seis meses, sin imputaciones.

El abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia, cuestiona la conclusión del Ministerio Público. Asegura que existen contradicciones entre los testimonios policiales y las pericias, que apuntan a disparos a corta distancia, incompatibles con la versión oficial de fuego cruzado desde 10 a 12 metros. Para Tuma, la actuación fiscal cerró prematuramente cualquier posibilidad de esclarecer si se trató de un homicidio doloso o un error de procedimiento.

La defensa sostiene además que la Fiscalía desoyó la instrucción de un juez que había pedido continuar con la investigación ante las inconsistencias detectadas. Tuma subraya que la decisión de desestimar se ratificó incluso tras estos cuestionamientos, lo que para él constituye un grave retroceso en materia de justicia.

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El caso también derivó en sospechas de injerencia externa. El abogado afirmó que el operativo estuvo coordinado por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad, bajo influencia de la DEA, y sugirió que la presión internacional pudo haber incidido en la forma en que se manejó la causa. “No hubo poder político local capaz de manipular el caso como ocurrió, solo EE.UU.”, declaró.

Otro punto polémico es el trasfondo de las acusaciones por lavado de dinero. La Fiscalía basó su investigación en supuesta información remitida desde Brasil, aunque Tuma asegura haber confirmado con autoridades brasileñas que no existe proceso abierto contra Gomes ni su familia. Además, insiste en que las operaciones financieras señaladas fueron realizadas dentro del sistema bancario paraguayo y con trazabilidad comprobable.

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El abogado también enfrenta una imputación por lavado de dinero tras recibir inmuebles de Alexander Gomes como pago de honorarios, hecho que considera injustificado.

Según explica, los bienes no tenían restricciones legales y fueron transferidos dentro de la normativa. “Si ese fuera el criterio, todos los que recibieron aportes de campaña del diputado deberían estar imputados”, argumentó.

Fuente: ABC Color