Médicos pierden casa por mafia de pagarés

El abogado Esteban Chávez denunció un esquema fraudulento que afecta a más de 160 funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), conocido como la mafia de los pagarés. El caso más grave involucra a una familia de profesionales médicos que perdió su vivienda y enfrenta una deuda superior a los Gs. 2.000 millones tras un procedimiento judicial irregular ejecutado por la Cooperativa Medalla Milagrosa. El letrado adelantó que solicitará a la Fiscalía la apertura de una causa penal contra los directivos de la entidad cooperativa por múltiples hechos punibles.

La familia afectada había accedido originalmente a un préstamo habitacional de Gs. 530 millones otorgado a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. Tras enfrentar problemas de salud familiares, los deudores se atrasaron en el pago de las cuotas mensuales correspondientes. La cooperativa ejecutó entonces un pagaré que incluía no solo el capital prestado, sino también intereses compensatorios proyectados a 20 años, elevando artificialmente la deuda total a más de Gs. 1.300 millones. Esta práctica constituye una maniobra irregular que multiplica exponencialmente el monto original del préstamo mediante cálculos usurarios.

El inmueble fue posteriormente rematado en subasta pública y adjudicado a la misma Cooperativa Medalla Milagrosa por Gs. 300 millones. Esta operación dejó a los deudores sin vivienda y con un saldo pendiente que, según los cálculos del abogado defensor, podría superar los Gs. 2.000 millones. La diferencia entre el valor de adjudicación y el monto de la deuda ejecutada evidencia la desproporción del procedimiento judicial utilizado contra la familia de profesionales médicos.

Lea más: Avanza ley contra mafia de los pagarés

Chávez identificó varios hechos punibles en el accionar de la cooperativa, incluyendo lesión de confianza, usura y apropiación en grado de tentativa. La entidad no cumplió con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Cooperativas, que exige la emisión previa de un certificado de deuda antes de iniciar cualquier juicio ejecutivo. En su lugar, la cooperativa ejecutó directamente el pagaré sin intimación previa ni el procedimiento administrativo correspondiente, violando las garantías procesales de los deudores y las normativas específicas del sector cooperativo.

Unite a nuestro canal de Whatsapp

El abogado promovió un juicio de nulidad de acto jurídico que se tramita actualmente en el Juzgado del Octavo Turno, Secretaría 15. El juicio ejecutivo original data del año 2018 y se encuentra radicado en el Juzgado de Tercer Turno, Secretaría 6. Los afectados habían pagado 14 cuotas antes del inicio del proceso ejecutivo, lo que representa más de Gs. 85 millones abonados al sistema. Pese a estos pagos significativos, fueron despojados de su vivienda y enfrentan una deuda que consideran imposible de cumplir en las condiciones actuales.

El caso involucra directamente a una pareja de médicos y al padre de la mujer, profesional psicólogo que figuraba como garante del préstamo original. Chávez enfatizó que el sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla financiera y judicial para esta familia de profesionales de la salud.

La situación expone las falencias del sistema cooperativo cuando las entidades utilizan maniobras ilícitas para enriquecerse a costa de sus propios socios, destruyendo el patrimonio familiar en lugar de protegerlo conforme a los principios cooperativistas fundamentales.

Fuente: PDS Digital