Inflación oficial del 0,1% contrasta con alza de alimentos

El Banco Central del Paraguay reportó una inflación del 0,1% para agosto, cifra que contrasta con el notable incremento en los precios de alimentos que experimentan los consumidores. La medición oficial genera controversias entre especialistas económicos que cuestionan su representatividad.

La inflación acumulada del año alcanza el 3,4%, superando el 2,6% del mismo período de 2023. La variación interanual se ubicó en 4,6%, por encima del 4,3% registrado en julio, según datos oficiales del BCP.

El resultado mensual refleja principalmente alzas en alimentos y servicios, compensadas parcialmente por la reducción en combustibles impulsada por Petropar. Esta estrategia de la petrolera estatal logró contener el índice general, aunque no mitigó el impacto en otros rubros básicos.

Los alimentos experimentaron aumentos significativos, especialmente en carnes, productos frutihortícolas, lácteos, huevos y bebidas calientes. La carne vacuna registró alzas generalizadas en todos los cortes de la canasta básica, con incrementos que alcanzaron el 23,7% en doce meses.

La menor oferta cárnica, producto de la reducción en el faenamiento y la alta demanda internacional, explica estas presiones inflacionarias. El encarecimiento del ganado en pie reforzó la tendencia alcista, afectando directamente el bolsillo de las familias paraguayas.

La carne aviar, tradicionalmente sustituto de la vacuna, también presentó incrementos por mayor demanda. Los consumidores, ante el alza de los cortes bovinos, optaron por el pollo, elevando su precio en cortes como pechuga, muslo y pollo entero.

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Economistas como Raúl Benítez critican la medición oficial por no reflejar la realidad de la mayoría paraguaya. Según su análisis, la canasta básica experimenta inflación superior a la reportada, impactando especialmente a sectores medios y vulnerables que destinan mayor proporción de ingresos a alimentos.

El salario mínimo paraguayo perdió competitividad regional con un ajuste del 3,6%, muy inferior al 12% de México y El Salvador, 10% de Bolivia, 9,5% de Colombia o 6% de Uruguay. Esta disparidad profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que perciben la remuneración mínima legal.

Fuente: La Política Online