El exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand Espínola, afrontará un quinto juicio oral y público por el presunto esquema de estafa a través del Grupo Mocipar. Según la acusación fiscal, el también exdiputado colorado, junto a otros cinco exdirectivos, habría ocasionado perjuicios económicos a varios clientes entre los años 2013 y 2018.
La jueza de Garantías, Alicia Pedrozo, resolvió elevar la causa a juicio oral y público tras rechazar los incidentes de nulidad y sobreseimiento planteados por las defensas. El proceso involucra a Durand y a los exdirectivos Luz Marina González de Durand, María Patricia Espínola, Fernando Román Fernández, Diana Teresita Britos de Román y Fabio Arturo Britos Ocampos.
Durante la audiencia preliminar, los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz y Julio Paredes sostuvieron la acusación por los supuestos delitos de estafa y asociación criminal. El tribunal admitió también las pruebas ofrecidas por las partes, con lo cual el caso quedó habilitado para el inicio del debate oral.
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Esta será la quinta causa que llega a juicio por presuntas estafas cometidas bajo el esquema del Grupo Mocipar, integrado por las empresas Mocipar Automotores S.A., Mocipar Propiedades S.A. y Mocipar Hogar S.A. El primer proceso, a cargo de un Tribunal Especializado en Delitos Económicos, fue suspendido tras un recurso interpuesto por la defensa y actualmente está bajo estudio de la Cámara de Apelaciones.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre 2006 y 2020 la estructura empresarial habría recaudado cuotas mensuales de miles de clientes mediante contratos de compra de bienes y servicios que nunca fueron entregados. Los productos eran promocionados a través del programa televisivo “Domingo en Familia”, conducido por el propio Durand, donde se ofrecían sorteos y beneficios de las firmas del grupo.
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El caso más reciente refiere a un supuesto perjuicio de G. 8.700.000 sufrido por Reinaldo Ramo Rolón, quien pagó 60 cuotas de G. 150.000 por un vehículo cero kilómetro que nunca recibió. Según el Ministerio Público, la empresa no tenía capacidad ni intención de cumplir con los contratos, lo que habría generado numerosas denuncias por parte de otros afectados.
La Fiscalía sostiene que las evidencias recabadas demuestran la existencia de una organización destinada a captar dinero mediante promesas comerciales incumplidas, afectando la confianza de los consumidores y ocasionando pérdidas considerables a las víctimas.
Fuente: ABC Color
