Erico Galeano Foto: GUSTAVO MACHADO.
El Senado incluyó en una adenda el pedido de pérdida de investidura del senador Erico Galeano para la sesión extraordinaria prevista este martes. La decisión se da mientras el legislador condenado por lavado de dinero y asociación criminal analiza presentar oficialmente su renuncia.
La inclusión del tratamiento se produjo luego de que el Tribunal de Apelación confirmara la condena de 13 años de prisión contra Galeano en el marco del operativo A Ultranza Py. El caso aumentó la presión política sobre el cartismo, que ahora busca acelerar una salida del legislador para evitar un mayor desgaste institucional.
El propio Erico Galeano confirmó a NPY que renunciará al cargo, aunque primero mantendrá reuniones con sus abogados. Desde Honor Colorado sostienen que la decisión de incluir el pedido de pérdida de investidura fue consensuada entre todas las bancadas del Congreso.
El líder de bancada cartista, Natalicio Chase, afirmó que solicitaron al presidente del Senado incluir el tema en el orden del día antes del mediodía. Según indicó, existió acuerdo político para avanzar con el tratamiento en la sesión extraordinaria.
Por su parte, el senador Derlis Maidana sostuvo que la salida más conveniente para el oficialismo es la renuncia de Galeano. “Yo creo que él a esta altura del campeonato ya entiende lo que está pasando”, expresó el legislador.
A pesar del respaldo político para impulsar la salida del senador, ningún integrante colorado figura entre los proyectistas del pedido de pérdida de investidura. El documento fue presentado por legisladores de la bancada democrática, integrada por representantes del PLRA, Partido Democrático Progresista, Cruzada Nacional, Participación Ciudadana e independientes.
El documento recuerda que el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado condenó a Galeano el 4 de marzo de 2026 por lavado de activos y asociación criminal. Posteriormente, el 4 de mayo, la sentencia fue confirmada por unanimidad por la Segunda Sala del Tribunal de Apelación.
Los proyectistas sostienen que los hechos afectan la dignidad del Poder Legislativo y comprometen la credibilidad institucional. También afirman que la conducta del senador se ajusta a las causales previstas en el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre pérdida de investidura.
Entre los hechos mencionados figuran la recepción de dinero proveniente de actividades ilícitas, la venta de una propiedad en Altos por USD 1 millón en efectivo y el préstamo de una aeronave utilizada por Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán y otros integrantes de la estructura criminal investigada.
Fuente: ÚH
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