La Procuraduría General de la República (PGR) pactó acuerdos extrajudiciales exprés con la Aseguradora Tajy para priorizar los honorarios de sus propios abogados. Los funcionarios públicos se aseguraron una comisión del 33 % sobre el monto cobrado. Mientras tanto, el Estado paraguayo recibió una suma reducida de una multimillonaria demanda inicial, perjudicando las arcas estatales del país.
El caso ocurrió bajo el interinato de Rubén Elidio Gaona Gaona en la PGR. El actual interino es una pieza colocada por el exprocurador Marco Aurelio González Maldonado, actual miembro del Banco Central del Paraguay (BCP). La institución decidió condonar una multimillonaria deuda estatal a la firma Aseguradora Tajy, que está presidida por Gustavo Samaniego.
Esta maniobra afectó directamente el resarcimiento económico que correspondía a las instituciones del Estado. La Aseguradora Tajy era la garante de dos contratos públicos que fueron incumplidos por proveedores estatales. Las firmas que no cumplieron sus obligaciones fueron Neighpart SA, de Sandra Yanil Caballero Ojeda, e Icap Consultores e Ingenieros SA, de Manuel Brítez.
El origen de la demanda multimillonaria
Según la demanda inicial de la PGR, el Estado exigía originalmente una suma superior a los G. 4.504 millones. El documento original fue firmado por Gaona y los procuradores delegados Ever Hugo Almeida, Facundo Filártiga Franco y Alejandro Nicolás Koopmann Riego. El perjuicio total reclamado se dividía en dos frentes institucionales afectados dentro de la administración pública.
Por un lado, se reclamaban G. 200 millones correspondientes al Hospital Nacional, dependiente del Ministerio de Salud. Por el otro, la demanda incluía G. 4.304 millones del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). El proceso judicial avanzó regularmente en los tribunales locales y la Justicia paraguaya llegó a hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas.
El 29 de diciembre de 2025, el juzgado decretó un embargo contra los bienes de la Aseguradora Tajy. Esta medida cautelar se aplicó específicamente por los G. 4.304 millones vinculados al caso de Senasa. Con el embargo judicial ya emitido en su contra, la compañía de seguros activó una propuesta para frenar el litigio.
Una reducción drástica del perjuicio estatal
La propuesta de la firma consistió en pagar la suma de G. 959.688.000 para cerrar ambos procesos judiciales de golpe. La PGR aceptó la oferta a pesar de ser una cifra muy reducida respecto al reclamo inicial del Estado. Sin embargo, este arreglo resultó ser un negocio sumamente rentable para los funcionarios públicos intervinientes.
De ese monto total recortado, el procurador delegado Facundo Filártiga se embolsó de inmediato la suma de G. 239.688.000. Este cobro se realizó directamente en concepto de honorarios profesionales por su intervención legal. Para las arcas del Estado paraguayo solamente quedó un saldo final de G. 720 millones.
La tajada que el abogado de la PGR desvió a su cuenta personal representó un escandaloso 33 % de los fondos. Este porcentaje se calculó sobre el dinero real que finalmente ingresó al sector público tras el cuestionado pacto.
#Lpm730 Procuraduría priorizó “jugosos” honorarios para abogados con acuerdos extrajudiciales
Abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) pactaron acuerdos extrajudiciales exprés con una aseguradora para priorizar sus propios honorarios. Mientras el Estado… pic.twitter.com/9JPc9vvnAz
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) June 4, 2026
Similitudes con el esquema del IPS
El esquema de la PGR es un calco exacto de las maniobras descubiertas en el Instituto de Previsión Social (IPS). Aquellos hechos ocurrieron durante la gestión jurídica de José “José’i” González en la previsional. Coincidentemente, este exfuncionario es hermano de Marco Aurelio González, el exprocurador general de la República.
El exjefe jurídico del IPS se encuentra actualmente bajo la lupa de la Fiscalía por sospechas de corrupción pública. El investigado implementaba el mismo modus operandi al cerrar acuerdos extrajudiciales exprés con millonarias quitas para los deudores. El caso más escandaloso fue el del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, que logró un descuento tras asegurar G. 412 millones para González.
Fuente: ABC Color
