Audiencia pública debatió el proyecto de divorcio exprés

La propuesta legislativa para implementar el divorcio exprés pretende topear los costos judiciales y resolver miles de expedientes actualmente estancados.

Una audiencia pública permitió profundizar ayer el análisis del proyecto de divorcio exprés en Paraguay, impulsado por la senadora Lilian Samaniego. La iniciativa busca modificar la Ley N.º 45/91, que regula el divorcio vincular matrimonial, con el objetivo de simplificar los trámites legales de separación y reducir de manera significativa los costos, especialmente para los sectores con menos recursos.

El debate reunió a profesionales del derecho, jueces y ciudadanos afectados por los procesos actuales. En general, hubo coincidencia en la necesidad de agilizar los procedimientos civiles que hoy permanecen estancados y que, en muchos casos, obligan a miles de parejas paraguayas a esperar años para disolver su vínculo matrimonial por mutuo acuerdo.

El proyecto cuenta con el respaldo de nueve senadores de distintas bancadas, incluidos representantes del oficialismo, la disidencia colorada y sectores de la oposición. Sus impulsores sostienen que la propuesta busca garantizar libertades individuales amparadas por la Constitución Nacional.

Samaniego explicó que el trámite rápido solo podrá aplicarse bajo tres condiciones: que exista mutuo acuerdo entre las partes, que no haya niños en situación de conflicto familiar y que los cónyuges no tengan bienes gananciales en común. Si alguno de estos requisitos no se cumple, la nueva normativa no podrá utilizarse. Además, la propuesta plantea reducir el plazo de publicación de sentencia de 60 días a menos de 30.

Requisitos y reducción de costos

Uno de los puntos centrales de la reforma es fijar un tope al costo del proceso judicial. La legisladora Johanna Ortega señaló que salir del contrato conyugal puede costar hasta seis veces más que casarse. Actualmente, los valores legales se calculan con base en aranceles antiguos de 70 jornales mínimos, lo que representa alrededor de siete millones de guaraníes. Con la reforma, el costo estimado bajaría a aproximadamente un millón quinientos mil guaraníes.

Postura frente al sector religioso

Samaniego rechazó que la propuesta civil represente un enfrentamiento con la Iglesia. Afirmó que la sociedad conyugal y su disolución pertenecen al ámbito del derecho civil paraguayo. También se declaró católica y defensora de las familias paraguayas, y aseguró que ya socializó el proyecto con autoridades eclesiales. Además, destacó la apertura al diálogo con Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la jueza Vivian López aportó una mirada desde su experiencia en el área. Señaló que las leyes civiles deben actualizarse conforme cambian las realidades de la ciudadanía y sostuvo que “la sociedad cambia sin pedir permiso”. En la misma línea, la abogada Eliana Amarilla apoyó la idea de establecer un tope económico para el trámite. Los profesionales coincidieron en la necesidad de eliminar trabas burocráticas que encarecen la desvinculación matrimonial civil.

Estadísticas de solicitudes en trámite

Las cifras oficiales muestran una alta demanda de disoluciones matrimoniales. Según los datos expuestos por Samaniego, entre 2022 y 2023 se registraron más de 14.000 solicitudes, de las cuales más de 7.000 fueron presentadas por mutuo acuerdo. En 2024, el número total de pedidos volvió a subir y llegó a 15.000 trámites.

Actualmente, existen 18.000 pedidos de separación pendientes de resolución judicial, una situación que afecta a miles de familias en todo el país. El proyecto de divorcio exprés había sido postergado sine die en el Senado, pero la reciente audiencia pública reabrió la discusión y apunta a construir consensos políticos. La reforma busca garantizar de manera efectiva los derechos civiles de la población paraguaya.

Fuente: Última Hora

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