Exigen investigar a Darío Filártiga, actual embajador de Paraguay en Taiwán, por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura

Víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner presentaron el 23 de julio pasado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por crímenes de lesa humanidad en el Caso Caaguazú. La presentación judicial exige investigar la cadena de mando de la época y apunta a Darío Filártiga, actual embajador de Paraguay en Taiwán y ex asesor político de Horacio Cartes, quien se desempeñaba como secretario del Ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro. Los hechos denunciados comenzaron el 8 de marzo de 1980 en el marco de la represión stronista.

La denuncia penal por el Caso Caaguazú abarca los delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política. Entre los denunciantes firmantes aparecen Pedro Arthuro Santa Cruz, Arcadio Flores y Apolonia Flores. El documento señala que las violaciones a los derechos humanos contra la población civil campesina no fueron aisladas, sino parte de un ataque sistemático del Estado paraguayo.

La conexión con el actual embajador Darío Filártiga

El escrito identifica a los presuntos responsables de la estructura represiva que aún siguen con vida. El documento solicita al Ministerio Público indagar la responsabilidad penal de Darío Filártiga por su rol en la cadena de mando. Filártiga ejercía funciones como secretario del exministro Sabino Augusto Montanaro, sindicado como responsable político de la represión.

La nómina de denunciados vivos incluye también al exsecretario de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, Mario Cazal Gómez.

Asimismo, se pide investigar al general retirado Juan de la Cruz Peña, exjefe del destacamento militar en Acaraymí. La lista sumó al oficial de policía Juan Carlos Bedoya y al suboficial de las fuerzas armadas Santos López. También figuran los expolicías de Investigaciones Juan Martínez, Dionisio Noldin, Camilo Almada Morel, Lucilo Benítez, Adán Ramírez y Eusebio Torres.

Leé la denuncia completa

El origen del Caso Caaguazú y la represión agraria

El conflicto comenzó entre los años 1972 y 1973 con el asentamiento de 50 familias campesinas en Acaraymí, Hernandarias. Este traslado a Alto Paraná contó con el apoyo organizativo de las Ligas Agrarias Cristianas. A partir de 1974, contingentes militares y policiales hostigaron de forma continua a los pobladores para desalojarlos de las tierras.

El 7 de marzo de 1980, unos 20 campesinos de Acaraymí abordaron un colectivo de la empresa Rápido Caaguazú. Su meta era viajar hasta Asunción para gestionar los títulos de propiedad ante el Instituto de Bienestar Rural. Un retén policial interceptó el transporte a la altura de Torín, departamento de Caaguazú, iniciando una persecución a tiros. Los labradores abandonaron el vehículo en Campo 8 y buscaron refugio en los montes de la zona.

Ejecuciones, torturas y pedido de medidas cautelares

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo masivo con helicópteros, armas pesadas y las denominadas Milicias Coloradas. Las víctimas se entregaron el 9 de marzo en el lugar conocido como San Antonio-mí. El Estado paraguayo detuvo a los campesinos sin órdenes judiciales válidas. Diez personas resultaron asesinadas o desaparecidas, incluyendo a Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz y Feliciano Verdún.

Otras diez personas sufrieron torturas graves en dependencias de Coronel Oviedo y de Asunción. El operativo alcanzó a menores de edad como Apolonia Flores, quien tenía 12 años y recibió seis balazos. “Y ahí empezó mi tortura por ellos”, relató la sobreviviente sobre el accionar de los militares. La represión provocó además la muerte de Marcelino Casco Alderete, de 70 años, en el Policlínico Policial. 

Los denunciantes solicitaron requerir informes y expedientes al Museo de la Justicia, que resguarda el Archivo del Terror. Pidieron también documentos a la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación y al Ministerio de Defensa Nacional. El petitorio judicial exige aplicar medidas cautelares urgentes contra los sospechosos procesados. Estas medidas incluyen la prohibición de salida del país, la retención de pasaportes y el embargo preventivo de bienes.

Corresponde ahora a la Fiscalía General de la República dar trámite formal a la denuncia. La expectativa se centra en la designación de los fiscales investigadores y en el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares requeridas por la representación de las víctimas.