Senado analiza flexibilizar compra legal de explosivos para canteras

La propuesta busca facilitar el acceso legal a explosivos para cantereros y evitar que las restricciones favorezcan el mercado negro.

La Cámara de Senadores analiza modificaciones a los controles para la compra legal de explosivos utilizados por el sector canterero. El debate reúne a instituciones públicas y representantes de la industria extractiva. El objetivo es facilitar el acceso legal a estos materiales sin debilitar las medidas de seguridad establecidas por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).

El senador Sergio Rojas, presidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, explicó que la Digemabel endureció los controles luego de que explosivos fueran utilizados en asaltos a bancos. El legislador señaló que las restricciones también afectan a las canteras que requieren estos insumos para desarrollar sus actividades.

El último caso citado ocurrió hace un mes en Santa Rita, Alto Paraná, donde un grupo de aproximadamente 20 delincuentes utilizó explosivos durante un asalto simultáneo a bancos y una casa de cambios. A partir de estos antecedentes, la Digemabel emitió la Resolución N.º 260/2026 para reforzar la fiscalización y la trazabilidad de estos materiales.

Senado busca reducir el mercado negro

Rojas afirmó que la intención es ampliar el acceso legal para quienes cumplen con los requisitos. Según sostuvo, “la intención, a través de nuestra comisión, es que la mayoría de la gente se pueda vincular y pueda adquirir de forma legal esos explosivos”. Añadió que “muy poca gente está habilitada a comprar ese explosivo y finalmente terminan en el mercado negro”.

Durante la segunda mesa de trabajo participaron representantes de canteras, empresas del sector, la Digemabel, el Consejo de Defensa Nacional, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra y el Viceministerio de Minas y Energía. Las instituciones analizaron los principales obstáculos para obtener las habilitaciones correspondientes.

Nuevos controles y fiscalización obligatoria

Entre los puntos debatidos figuró la agilización de las constancias de impacto ambiental y la regularización de tierras donde operan varias canteras. También se discutieron los mecanismos de trazabilidad de explosivos y los costos de los controles exigidos por la normativa vigente.

La Resolución N.º 260/2026 establece fiscalización presencial obligatoria en cada detonación realizada en Itá, Emboscada y San Lázaro, consideradas zonas prioritarias. Además, restringe nuevas compras de explosivos tras detectarse que materiales comercializados legalmente terminaron en hechos delictivos y que existían inconsistencias entre las cantidades declaradas y las detonaciones ejecutadas.

Fuente: ÚH

Compartir: