Cuestionan costas de amparo ambiental contra frigoríficos

La abogada Alejandra Peralta Merlo presentó una acción de inconstitucionalidad contra la imposición de costas judiciales en un amparo ambiental relacionado con industrias de Tablada. La profesional representa a las comisiones vecinales Nueva Esperanza, Virgen de Fátima II y San Francisco de Asís, además de varias empresas. Pidió a la Corte Suprema de Justicia que suspenda los cobros mientras se analiza su presentación.

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El cuestionamiento se centra exclusivamente en las costas impuestas a los demandantes y no pretende reabrir la discusión sobre el fondo del amparo. La acción original fue promovida contra Beef SA y Frigomerc SA, a quienes los accionantes reclamaron medidas de prevención, cese y protección frente a problemas ambientales y territoriales denunciados en la zona. La abogada sostiene que el pago de los gastos judiciales podría afectar gravemente la economía de los vecinos.

Las costas del amparo ambiental

El amparo fue rechazado mediante la Sentencia Definitiva N.º 277, del 18 de septiembre de 2026. Luego, a través de la Sentencia Definitiva N.º 278, el juzgado impuso las costas a los demandantes. Ambas resoluciones fueron confirmadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 85, del 30 de septiembre. El tribunal también dispuso que los accionantes asumieran las costas de segunda instancia.

Ante esta situación, Peralta Merlo solicitó como medida urgente que se suspendan todos los trámites relacionados con la regulación, liquidación, aprobación y ejecución de honorarios profesionales y costas hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad. También pidió que los juzgados y profesionales involucrados se abstengan de iniciar o continuar cualquier gestión de cobro.

La abogada advirtió que una eventual ejecución de las costas podría poner en riesgo incluso las viviendas precarias de los integrantes de las comisiones vecinales.

Cuestionan la imposición automática de costas

Uno de los principales argumentos de la presentación es que los tribunales rechazaron el amparo sin desconocer los derechos constitucionales invocados por los demandantes. Según Peralta Merlo, el juzgado de primera instancia señaló que no estaba controvertida la existencia de derechos lesionados, mientras que la Cámara aclaró que el rechazo del amparo no significaba desconocer esos derechos.

Para la defensa, estas consideraciones debieron tenerse en cuenta al momento de decidir quién debía pagar los gastos del juicio.

La abogada sostiene que el hecho de que los vecinos debieran recurrir a otra vía judicial no significa que hayan presentado una demanda sin fundamentos razonables. Subraya, además, que ninguna de las resoluciones les atribuyó temeridad, mala fe o abuso del proceso.

También recuerda que el amparo no buscaba obtener indemnizaciones ni beneficios económicos, sino proteger derechos ambientales y colectivos. Por ese motivo, considera cuestionable que las costas se hayan impuesto de manera automática a quienes promovieron la acción.

La presentación advierte que una condena económica de esta naturaleza podría desalentar a otros vecinos y organizaciones que busquen acudir a la Justicia para denunciar problemas ambientales.

Como respaldo, Peralta Merlo invoca los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados con las garantías judiciales y la protección judicial.

Con estos argumentos, solicita que la Sala Constitucional de la Corte Suprema examine si la imposición de costas resulta compatible con esas garantías y, mientras se resuelve el planteamiento, ordene suspender cualquier gestión de cobro.